El comité nacional del paro, Fecode y los jóvenes que promueven las marchas fúnebres y los bloqueos vandálicos desde el pasado 28 de abril deben responder por la pérdida de vidas humanas, lesiones personales y destrozos patrimoniales derivados de la realización de 6.977 concentraciones, 670 movilizaciones, 2.412 marchas y 3.450 bloqueos viales que paralizaron un tercio de la actividad económica nacional entre el 28 de abril y el 15 de junio. Las marchas fúnebres y los bloqueos delictivos se tradujeron en la muerte de dos policías y lesiones personales de otros 1.364 connacionales, quienes, en ejercicio de su deber constitucional, buscaban preservar el orden público.
Los marchantes -pacíficos y violentos- deben asumir su responsabilidad por la aceleración de los contagios y las 10.000 muertes adicionales atribuibles a estos aciagos días de aglomeraciones irresponsables sin control. El tercer pico de la pandemia resultante ha contribuido al fallecimiento de 600 colombianos diarios en las últimas siete semanas, el tercer registro más alto del mundo después de India y Brasil. En este periodo, las marchas fúnebres promovidas en todo el territorio nacional en medio del coronavirus han copado las UCI, promovido el colapso del sistema hospitalario y congestionado la red de hornos crematorios a nivel nacional.
Resulta incomprensible el absoluto desprecio por la vida, honra y bienes de los millones de colombianos afectados por la irracionalidad de unos marchantes anárquicos, algunos violentos, que quieren demoler la democracia y hundir el Estado de Derecho. Ellos deben reconocer las billonarias pérdidas, calculadas en 12 billones de pesos, al igual que las autoridades nacionales y municipales que desacataron la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenaba suspender las manifestaciones durante la pandemia. Hicieron caso omiso, y con su silencio cómplice, cohonestaron las marchas fúnebres y los bloqueos delictivos de autopistas, carreteras y veredas nacionales.
Todos a una como en Fuenteovejuna debemos condenar estos hechos luctuosos y delictivos antes de que regresen con su arrogancia, favorezcan el populismo socialista y reduzcan a cenizas el modo de producción y de vida de la inmensa mayoría de colombianos.
