Llegaron a aprender con el mandato de apagar los motores legales del crecimiento económico.
El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que el empalme con la saliente administración del gobierno petrista incluirá una auditoría forense exhaustiva para “conocer, con rigor y transparencia, la verdadera situación (…) que recibe Colombia (…) y establecer responsabilidades”.
Después de cuatro años de desgobierno, el principal legado del socialismo criollo ha sido, a imagen y semejanza del sanchismo pestilente en España, el perfeccionamiento del arte político de la corrupción estatal al más alto nivel de la administración pública.
Desde comienzos de agosto de 2022, se realizaron en la Casa de Nariño varios conclaves ministeriales para escoger la caja mayor de la corruptela oficial para el pago de sobornos, preferiblemente en metálico y criptomonedas, por medio de la contratación pública de carrotanques inservibles, adquisición de plantas desalinizadoras y de almacenamiento, molinos, jagüeyes, pozos subterráneos y aprobación de operaciones de crédito público del Ministerio de Hacienda.
La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, fue seleccionada para coordinar y gestionar la contratación estatal, la entrega de coimas y la compra de conciencias de la presidencia del Senado, la Cámara de Representantes, seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y las presidencias de las Comisiones legislativas donde se tramitaban los proyectos del gobierno en salud y pensiones. Un estimado preliminar del desfalco en la UNGRD asciende a $5 billones.
Como resultado de este saqueo oficial, hay 7 funcionarios imputados y presos -incluidos 2 exministros y dos expresidentes del Senado y la Cámara-, un prófugo del extinto M-19, que se la pasa bailando y bebiendo Flor de Caña en Managua, además de 12 facilitadores imputados y 150 investigados por abuso de poder.
Durante el pasado cuatrienio, se calcula que la corrupción oficial supera los $19 billones, equivalente a dos reformas tributarias, su principal fuente de financiación. El empalme anticorrupción del nuevo gobierno enfrenta una tarea monumental para la reconstrucción del Estado y la recuperación de la confianza en las instituciones gubernamentales, aporreadas por el despilfarro y la corrupción estatal.
Platón decía que el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no está preparado.
Después de haber dinamitado la alianza nacional -en marzo de 2023-, que le permitió al petrismo imponer una reforma tributaria ruinosa para los empresarios y la clase media colombiana (la primera de cuatro), el mandatario, ante los crecientes reclamos y el descontento de sus antiguos correligionarios del M-19 que exigían la torta oficial, defenestró a los adultos del gabinete y puso a los exguerrilleros a cogobernar, en compañía de activistas e inexpertos que llegaron a aprender con el mandato de apagar los motores legales del crecimiento económico.
Ahora la orden es raspar la olla y comprometer las vigencias fiscales, actuales y futuras.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
