Una rencorosa cortina de humo que busca desviar la atención de la ‘vaca’ del Presidente.
La inquina presidencial contra la loable iniciativa privada de los antioqueños para financiar con donaciones ciudadanas los proyectos viales 4G es una rencorosa cortina de humo que busca desviar la atención de la ‘vaca’ del presidente Gustavo Petro.
La primera intentona presidencial de hacerse al control de las vigencias futuras, se generó con la expedición del Decreto No. 2295 de 2023. Esta norma desatendía los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el presente año, habida cuenta de que $13 billones de proyectos de inversión, financiados con vigencias futuras para infraestructura, quedaron sin destinación especifica. Estos cuantiosos recursos podrían ser entonces distribuidos sin criterio técnico, a juicio del presidente Petro. Este mal llamado ‘yerro’ administrativo fue posteriormente subsanado, mediante la expedición del Decreto No. 163 de 2024 con el detalle de las partidas presupuestales asignadas.
Cuando hablamos de vigencias futuras, presupuestadas en $54,8 billones para la vigencia 2024-2026 y en $47,3 billones para el período 2027-2030, hacemos referencia a una herramienta estatal de financiamiento presupuestal de las concesiones viales, que consisten en un compromiso de apropiación en el presupuesto de cada vigencia fiscal de los recursos requeridos para cumplir las obligaciones contractuales de pago.
Previa aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y la adjudicación del contrato de concesión de infraestructura público-privada correspondiente. Una vez perfeccionado lo anterior, el aval del Confis no puede ser modificado, de suerte que el Ministerio de Hacienda debe asegurar la inclusión de las vigencias futuras en los presupuestos anuales.
La segunda tentativa de hacerse al control de las vigencias futuras se fraguó con la publicación de un proyecto de decreto del Minhacienda, mediante el cual se pretendía que Petro tuviera facultades para otorgar el visto bueno para el giro o la reasignación de los recursos previamente comprometidos a través de las vigencias futuras.
Por tercera vez, el presidente Petro quiere confundir al país para echarle mano a las vigencias futuras con un sofisma de distracción. Para Petro, es más importante dotar de agua potable a la población, que mantener la destinación presupuestal de las vigencias futuras, recursos que hacen parte esencial y legal de la ecuación de financiamiento público-privado de las vías 4G.
La realidad es que el presidente Petro no puede subordinar el cumplimiento contractual y presupuestal de las vigencias futuras al capricho político de la Casa de Nariño, so pena de comprometer el corazón del financiamiento de la inversión en infraestructura vial del país y derruir con ello los cimientos de la seguridad jurídica subyacente, propia del respeto de las vigencias futuras, consideradas gastos de inversión pública de la mayor importancia.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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