El gobierno entrante tiene el reto de convertir la visión productiva de la Altillanura en una realidad material.
La designación de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno entrante es un acierto notable del presidente electo, Abelardo De la Espriella. Dangong cuenta con cuatro décadas de probada experiencia en el financiamiento agropecuario, asistencia técnica agraria y desarrollo de propuestas productivas en zonas rurales del país. Como afirma en un reciente trino el presidente electo De la Espriella, Dangong “conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro”.
Las tareas de política pública agropecuaria y forestal encomendadas al nuevo ministro del agro colombiano, abarcan la titulación de tierras para los productores rurales, acceso al crédito agrario, asistencia técnica, tecnología, riego y apertura de mercados. Los objetivos centrales definidos por el mandatario electo son el fortalecimiento del emprendimiento rural y la producción nacional del campo para convertir la ruralidad colombiana en “fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria”.
Desde hace más de 24 años, la apuesta productiva nacional de mayor calado ha sido, históricamente, la Altillanura. De los 14,8 millones de hectáreas de la frontera agrícola de la Orinoquía colombiana, 5,3 millones de hectáreas le corresponden a la Altillanura, equivalentes al total actual del área cultivada agrícola nacional.
Desde comienzos del presente siglo, los factores principales que han frenado el desarrollo productivo de la Altillanura han sido la ausencia de una definición de una política de Estado de interés nacional, con bienes públicos rurales, conectividad, paquetes aplicados de biotecnología verde, semillas transgénicas (maíz y soya) y protección de cultivos.
A lo anterior se suman los elevados niveles de acidez, aluminio y bajos contenidos de materia orgánica de los suelos de la Altillanura, cuya conversión productiva exige inversiones de $10 millones por hectárea para la adecuación de la tierra durante los dos primeros años.
El ministro designado Dangong anuncia que le corresponde a su cartera coordinar las políticas públicas con los emprendedores privados para adelantar el desarrollo productivo de la Altillanura como un proyecto de interés prioritario.
Así pues, el gobierno entrante deberá velar por la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra -incluida la derogación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) de la Ley 160 de 1994 para la Altillanura, que frena el agro comercial de escala-, o la definición de la Altillanura como una Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) de utilidad pública e interés social no expropiable.
Además del financiamiento rural nacional, cooperación e inversión del Banco Mundial, garantías complementarias para bancarizar proyectos productivos, seguros de cosecha, asistencia técnica, biotecnología, protección de cultivos y transporte multimodal fluvial del río Meta durante la época de lluvias y modo terrestre de 500 kilómetros de sabanas. El gobierno entrante tiene el reto enorme de convertir la visión productiva de la Altillanura en una realidad material.
