México camina azarosamente por el filo de la cornisa hacia el socialismo estatal de un solo partido político, Morena. A imagen y semejanza del PRI de centroderecha que gobernó a México de forma interrumpida durante 71 años, Andrés Manuel López Obrador, Amlo, presidente en ejercicio hasta finales de septiembre, pretende consolidar el poder absoluto de su partido en el Palacio Nacional, ubicado en el centro histórico de la ciudad de México.
Además de la elección de Claudia Sheinbaum, la candidata socialista de Morena como presidente de México, quien tomará posesión del cargo el primero de octubre próximo, la bancada morenista y sus aliados alcanzaron la súper mayoría de 364 escaños de 500 en la Cámara de Diputados y 85 de 128 en el Senado. Amlo, con plenos poderes legislativos, decidió acelerar la tramitación de 20 reformas constitucionales, que incluyen la remoción de 7.293 jueces, entre ellos, los 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todos los jueces federales, estatales y de circuito de la nación mexicana. Para reemplazarlos, Amlo propuso su escogencia mediante elección popular, proyecto recientemente aprobado por la Cámara de Diputados controlada por Morena desde el pasado primero de septiembre, jueces que serán nominados por el gobierno entre sus seguidores.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló los riesgos de la elección directa de jueces y magistrados, peligros que pondrían en jaque la relación comercial entre ambos países, agravado con la posible intervención electoral de los cárteles de drogas. J.P. Morgan, Fitch Ratings, Morgan Stanley y Citibanamex también expresaron su preocupación por el futuro económico de México en caso de que la controvertida reforma judicial sea implementada. La Cámara de Comercio estadounidense destacó que esta reforma es violatoria de las obligaciones contraídas por México en el TLC con Estados Unidos, en particular, con el compromiso de “pleno derecho a un sistema judicial competente, independiente e imparcial”.
La reforma judicial de Amlo elimina la separación de poderes, compromete la independencia judicial y cuestiona la supervivencia del Estado de Derecho.
¡La democracia languidece y comienza así la dictadura mexicana!
