Vientos huracanados y despóticos soplan desde el Gobierno. Es perentorio no desfallecer en la defensa de las instituciones colombianas.
De tiempo atrás, diversos analistas han argumentado que Colombia nunca seguiría los pasos de Venezuela, que llevaron al vecino país al abismo del socialismo represivo y totalitario. El fundamento central de sus opiniones giraba en torno al origen militar del comandante Hugo Chávez, que lo ponían en un plano dominante distinto de cara al supuesto ropaje democrático del presidente, Gustavo Petro.
Después del fracaso petrista de las elecciones regionales del año pasado, la pérdida de las mayorías en el Congreso, el desgobierno actual, la rebelión e independencia de las Cortes y jueces, el fracaso de la convocatoria del pueblo a las calles y el desencanto de los petristas con un cambio anunciado que nunca llegó, Petro finalmente se quitó la careta y proclamó a voz en cuello que era un socialista con crecientes actuaciones autocráticas.
Al igual que Chávez, le tomó un tiempo para deshacerse de la incómoda camisa de fuerza de los partidos políticos, la centro derecha, los jóvenes, los empresarios no enchufados con los negocios del Estado y los economistas que contribuyeron a su elección.
Ambos líderes socialistas -afectos al marxismo-leninismo del siglo pasado- emprendieron entonces su ofensiva contra las instituciones. Chávez logró, en el primer quinquenio, hacerse al control de los cinco poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Popular y Electoral, amplificado luego con el control del Banco Central de Venezuela.
Petro intenta seguir la línea estratégica de su mentor político con la cooptación de las instituciones, incluido el Banco de la República y los ahorros pensionales, el Fondo Nacional del Café y la estatización de la salud. Sin embargo, Petro se tropezó con la autonomía de las Cortes y la independencia política de varios parlamentarios, entre ellos, el presidente del Senado, Iván Name, y su férrea defensa frente al ultraje y las calumnias precipitadas desde la Casa de Nariño contra los parlamentarios no petristas.
Inicialmente, Petro pretendió lanzar la Asamblea Constituyente para cerrar el Congreso y controlar el poder Legislativo, al igual que Chávez y Nicolás Maduro. Al escrutar el rechazo del país nacional y político, que volvía trizas una promesa de campaña, Petro decidió salirse de los cauces constitucionales. En la entrevista televisiva realizada por José Manuel Acevedo en RCN el pasado domingo, Petro declaró que “es el pueblo el que se convoca a sí mismo para decidir sobre los aspectos fundamentales del país”. Según Petro, el proceso constituyente “ya arrancó”. Petro invitó a que “miraran menos la forma y más el contenido”.
Resulta evidente que para el presidente Petro, el Estado de Derecho, la Constitución y la ley son irrelevantes. Por el contrario, los preceptos legales deben acomodarse a los vientos huracanados y despóticos que soplan desde la Casa de Nariño. Ahora más que nunca, es perentorio no desfallecer en la defensa de las instituciones colombianas.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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