Según Fitch, investigaciones del caso Odebrecht en Colombia no avanzan, cuya corruptela podría tener implicaciones adversas en nuestra calificación.
La corrupción, decía el historiador británico Lord Acton, va de la mano del poder. Los directivos de Odebrecht conocían a la perfección esta cruda realidad, fundamentados en la fragilidad moral y ética del grueso de los políticos latinoamericanos de nuestra era.
Para beneficiarse económicamente, Odebrecht diseño e implementó en la última década un sofisticado modelo de negocios basado en sobornos por 3.300 millones de dólares, que operaba con sus representantes en doce países de la región –Colombia incluida–, los cuales contactaban en las campañas electorales a los candidatos más opcionados para ocupar la primera magistratura.
Para garantizar su participación en este mecanismo delictivo, Odebrecht ofrecía sufragar los elevados gastos de marketing político de los dirigentes escogidos. La constructora brasileña luego proponía las obras públicas que debían incluirse en los planes de gobierno a cambio de coimas pecuniarias y pagos en especie. Odebrecht, con el apoyo estatal comprado, amañaba las licitaciones, inflaba sus costos mediante adiciones presupuestales y desviaba sus ganancias hacia la denominada ‘caja 2’, administrada por el Departamento de Pagos Estructurados, la cual era usada para el desembolso de los cohechos pactados a través de un centenar de empresas fantasmas y varios paraísos fiscales, particularmente en Andorra, Antigua y Barbuda.
El trágico suicidio del expresidente peruano, Alan García, acusado supuestamente de recibir sobornos durante la construcción del Metro de Lima, hace parte de esta saga de corrupción y cooptación criminal de la clase política de la región, que incluye a los siguientes mandatarios: Alejandro Toledo, expresidente peruano, prófugo de la justicia, acusado supuestamente de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht por la entrega de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. Ollanta Humala, expresidente de Perú, y su mujer, Nadine Heredia, acusados y apresados por supuestamente recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña política del Partido Nacionalista en el 2011. Pedro Pablo Kuczynski, expresidente peruano, temporalmente detenido por corrupción por los presuntos vínculos entre una compañía de su propiedad y Odebrecht. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, arrestado supuestamente por recibir coimas de Odebrecht. Mauricio Funes, expresidente salvadoreño, prófugo, acusado supuestamente por recibir una coima de Odebrecht de 1 a 3 millones de dólares durante la campaña presidencial del 2009. Carlos Mesa, expresidente boliviano y aspirante a la reelección y Rafael Correa, expresidente de Ecuador, asilado en Bélgica, enfrentan en sus países investigaciones por supuestamente involucrarse en el patrón de corrupción de Odebrecht. A los anteriores mandatarios se suman los expresidentes brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer y Dilma Rousseff, encarcelados por supuesta corrupción ligada a Odebrecht.
Según Fitch, las investigaciones del caso Odebrecht en Colombia no avanzan, cuya corruptela podría tener implicaciones adversas en nuestra calificación por la negativa afectación de la gobernabilidad, el crecimiento económico, la inversión y las finanzas públicas, razón suficiente para desenmascarar a todos los corruptos y proscribir su operación en nuestro país.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro, Consejo Directivo del ICP
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