Los pactos de la ignominia sanchista, origen de la crispación y polarización social comprometen gobernabilidad.
El socialista Pedro Sánchez, presidente en funciones del gobierno español, consiguió los escaños requeridos para su aventura reeleccionista a cambio de la Transición Democrática de 1978, que representó el tránsito de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria, a la forma política actual del Estado español, la monarquía constitucional.
El pacto de la infamia entre el PSOE, el partido socialista del gobierno en funciones y el prófugo de la justicia española, Charles Puigdemont, asilado hace seis años en Bruselas, les concede una resonante victoria a los secesionistas catalanes, que tiene envalentonados a los independentistas vascos. Entre ambos, han puesto en jaque la Constitución de 1978, que se encuentra seriamente amenazada desde sus cimientos, incluida la unidad de España, fundada en el carácter ‘indisoluble de la Nación Española’.
Los acuerdos entre el PSOE y los independistas catalanes y vascos pretenden frenar la alternancia política, que sería reemplazada por un modelo nacionalista de tinte republicano y socialista, que rompe el principio de igualdad al establecer comunidades provinciales de primera y de segunda categoría en materia legal, tributaria, económica y política.
La aceptación del relato independentista de catalanes y vascos es una capitulación histórica del PSOE, que pretende venderlo como un acuerdo de España, que no es ni puede ser, como lo demuestran las manifestaciones de los últimos días, y en particular, las multitudinarias concentraciones convocadas por el Partido Popular en Madrid y en las 52 capitales de provincia con más de dos millones de españoles que salieron a protestar contra la impunidad representada por la amnistía y el abuso del poder absolutista de Sánchez.
El rechazo popular a la amnistía es el núcleo de lo pactado con los independistas, la cual beneficiaria a todos aquellos vinculados con procesos judiciales desde 2012 y a aquellos que se han visto perjudicados por el supuesto uso político de las leyes.
Desde que se conocieron los acuerdos entre el PSOE y los secesionistas catalanes y vascos, se ha presentado una auténtica avalancha de comunicados en su contra. Los letrados, los magistrados del poder judicial, los inspectores de trabajo, de la seguridad social, de Hacienda, los fiscales y los empresarios se han mostrado muy críticos con lo acordado, pues aseguran que se trata de una ruptura del régimen constitucional, un flagrante atentado a la separación de poderes y un ataque sin precedentes a la independencia judicial.
La aceptación explícita del PSOE que en España hay una guerra sucia judicial, por cuenta del Poder Ejecutivo, contra los independentistas que quieren fracturar la unidad de España es inédita y aberrante para un país europeo, que se rige por el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Los pactos de la ignominia sanchista, origen de la crispación y polarización social y política actual, comprometen la gobernabilidad y la sostenibilidad del nuevo gobierno.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
