El país enfrenta un panorama empresarial complicado, derivado de la aprobación de un presupuesto desequilibrado de ingresos y gastos públicos en una cuantía valorada inicialmente en 12,5 billones de pesos. El Consejo Gremial ha expresado reiteradamente su preocupación por la forma como el Ejecutivo pretende financiar el descuadre de las finanzas públicas. Al ratificar su compromiso de aportar los 12,5 billones de pesos requeridos para financiar el presupuesto 2015 –mediante una sobretasa provisional del impuesto de renta y la extensión del cuatro por mil–, el Consejo Gremial considera que la propuesta gubernamental sometería a los empresarios a tres impuestos ligados al patrimonio (riqueza, renta presuntiva y predial), cuya tasa efectiva de tributación fluctuaría entre el 56 y el 150 por ciento. Esta carga de profundidad tributaria violaría el principio constitucional que prohíbe los impuestos confiscatorios en Colombia.
Ahora bien, el proyecto de reforma tributaria del cuatrienio 2015-2018, diseñado para financiar el presupuesto de gastos del 2015, podría tener otros vicios de constitucionalidad, como advierte Javier Hoyos, fundador de la firma Gestión Legislativa y Gobierno. De acuerdo con el Artículo 347 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo deberá proponer “por separado, ante las mismas comisiones que estudiaron el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”. Esta es la principal razón por la cual el Consejo Gremial le propone al Gobierno dividir en dos el problema fiscal: solventar primero el faltante de recursos del 2015 y conformar luego una comisión de expertos que aborde las finanzas públicas de manera estructural.
En opinión de Santiago Pardo Ramírez, de la firma Estrategias Tributarias, “la estructura actual y la propuesta presentada por el Gobierno para obtener los 12,5 billones de pesos de recursos faltantes, atentan contra la supervivencia del sector productivo colombiano. El mensaje explícito del sistema tributario actual a los actores económicos es que es más barato importar que producir en el país”. El caso agrícola es emblemático de lo anterior. Pardo argumenta que “el impuesto predial, el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio propuesto, generan una tasa de tributación que fluctúa entre el 56 y el 86 por ciento sobre un negocio agropecuario. El sector agropecuario no es capaz de soportar tres gravámenes simultáneos sobre la tierra, a saber: impuesto presuntivo, impuesto al patrimonio e impuesto predial. Estos tres impuestos generan tasas de tributación confiscatorias para este sector”.
Pardo concluye que “el país no puede continuar con un sistema tributario que a mayor eficiencia empresarial y precios más bajos responda con mayores cargas tributarias; no puede continuar con un sistema tributario que a menor rentabilidad genere una mayor tasa de tributación”.
Razón tenía Marx cuando decía que “sólo hay una manera de matar al capitalismo: con impuestos, impuestos y más impuestos”.
