El impuesto a las bebidas azucaradas muestra su verdadera naturaleza antitécnica, regresiva y confiscatoria, diseñada para abatir el azúcar nacional.
La reforma tributaria del Gobierno comprende un impuesto nacional de 300 pesos por litro –adicional al IVA– a las bebidas que contengan azúcar o edulcorantes, incluidas las gaseosas, bebidas a base de malta, tipo té o café, refrescos y néctares de fruta, energizantes, deportivas y aguas endulzadas, así como concentrados con azúcar en cualquier cantidad, polvos y jarabes, esencias o extractos de sabores, que permitan obtener bebidas saborizadas y jugos de pulpa o néctar de frutas, verduras o legumbres y otros aditivos para alimentos.
El elemento común a esta variedad disímil de productos alimenticios y refrescantes es el azúcar, objetivo central de este impuesto regresivo, discriminatorio, antitécnico, e incluso, confiscatorio, nunca antes visto en la historia económica de nuestro país. El gravamen estaría a cargo de los productores e importadores para facilitar su fiscalización y mermar, de manera eficaz, la cantidad de azúcar que se añade a estas bebidas y refrescos.
Para comprender a cabalidad el gravoso impacto económico y social de este torcido tributo contra el azúcar nacional, resulta pertinente examinar el caso de Quala, multinacional orgullosamente colombiana, reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las 16 compañías más dinámicas, innovadoras y de alto crecimiento de Latinoamérica, la tercera más admirada por sus campañas de marketing, acreedora de dos Premios Portafolio en Innovación y Recurso Humano; Mejor Empresa para Trabajar y Orden al Mérito Empresarial de la Presidencia de la República.
Quala se orienta hacia el consumidor local popular en 900 municipios, la base de la pirámide social de nuestro país, para lo cual cuenta con seis plantas de producción, genera 5.000 empleos directos y 14.000 indirectos, lo que la ubica entre las 25 compañías que más trabajo formal crea en Colombia, la quinta en consumo masivo y una de las 50 exportadoras más grandes del país en Latinoamérica.
En la sesión conjunta informal de la Comisión Tercera de Senado y Cámara, realizada la semana pasada, Quala reveló que de aprobarse el gravamen a las bebidas azucaradas, “implicaría la desaparición de los refrescos y la quiebra de la empresa”. Quala explicó cómo este impuesto contra el azúcar sería del 146 por ciento, calculado sobre el precio de venta de sus productos, por lo que el tributo contra el azúcar se convertiría en confiscatorio. Quala estima el valor de esta carga impositiva en 283.000 millones de pesos, suma equivalente a 7 veces las utilidades del año anterior, con lo cual “la industria desaparecería”. El impuesto contra las bebidas azucaradas liquidaría los refrescos en polvo de Quala, los cuales contienen las cinco vitaminas esenciales recomendadas por el ICBF, bebida de consumo popular entre el 79,2 por ciento de la población de los estratos 1,2 y 3.
Así, el impuesto a las bebidas azucaradas muestra su verdadera naturaleza antitécnica, regresiva y confiscatoria, diseñada especialmente para abatir el azúcar nacional, tributo que el Congreso Nacional debe rechazar.
