La Comisión Europea desconoce los resultados del estudio elaborado por Quantis, según el cual el uso del biodiésel colombiano tiene el potencial.
En junio del 2018, la Unión Europea resolvió que los biocombustibles de origen vegetal no deberían incluirse en su objetivo de energía renovable para el 2030. Esta decisión comunitaria se implementó mediante un ‘acto delegado’ el mes pasado, en el cual especificó, sin fundamento técnico, qué el biodiésel derivado de la palma de aceite se clasificaría como de alto riesgo ambiental al producir –o asumir– un cambio indirecto en el uso del suelo.
Según los europeos, este fenómeno puede ocurrir cuando las tierras agrícolas previamente destinadas a la producción de alimentos se desvían a favor de la fabricación de biocombustibles. En este amañado modelo, que no aplica al caso colombiano, la variación en el uso de la tierra podría causar la emisión adicional de gases de efecto invernadero (GEI) que, en teoría, anularía los beneficios ambientales generados por la utilización de biocombustibles en lugar de consumir combustibles fósiles contaminantes.
La nueva directiva europea de energía renovable y su posterior reglamentación pueden disminuir sensiblemente el consumo europeo de aceite de palma destinado a la elaboración de biodiésel en los próximos años, en la medida en que no calificaría como un combustible renovable. Ciertamente, como afirma el presidente de Fedepalma, Jens Mesa, “si bien esta moción surge, aparentemente, como reacción a la preocupación derivada de los cuestionamientos a las prácticas ambientales en el desarrollo del cultivo de palma de aceite por parte de los países líderes del Sudeste Asiático (Malasia e Indonesia), lo cierto es que reviste intereses y preocupaciones eminentemente comerciales en pro de la defensa de las oleaginosas europeas, y se empieza a convertir en un movimiento que busca cerrar mercados a los productos de origen tropical”.
La visión europea es tan absurda, sesgada y proteccionista, que, efectivamente, solo puede tener una justificación: ponerle freno de mano a la continua expansión de la producción sostenible de aceite de palma, primera en el mundo en el ámbito de aceites y grasas vegetales. De tiempo atrás, el mercado europeo de aceite de palma enfrenta campañas discriminatorias en su contra, desplegadas en varios supermercados en Francia, Italia, España e Inglaterra, con artículos comestibles con la etiqueta “libre de aceite de palma”.
Ahora la Comisión Europea afila el lápiz para disfrazar una directiva proteccionista con supuestos fines ambientales de sostenibilidad para cerrarle la puerta a los productos colombianos a base de palma de aceite, incluidos los biocombustibles. No de otra manera podría calificarse la inquietante actitud de la burocracia europea, mediante la cual clasifican, infundadamente, estos biocombustibles como de alto riesgo ambiental; mientras desconocen los resultados del estudio elaborado por Quantis, según el cual el uso del biodiésel colombiano tiene el potencial de generar ahorros del 60 por ciento en las emisiones de GEI en comparación con el diésel de origen fósil.
El Gobierno debería usar esta evidencia y abrir un caso de solución de diferencias contra la directiva europea en la OMC.
