Nunca nos podrá arrebatar la esperanza política en Colombia, en un líder de oposición que recupere la economía y la confianza en las instituciones.
Los crímenes de Estado en Colombia son aquellos delitos contra personajes públicos cometidos por agentes estatales o por particulares -sicarios al servicio de bandas criminales, grupos guerrilleros o narcotraficantes-, que actúan con ayuda, complicidad u omisión del Estado. El magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, es precisamente un crimen de Estado. Según el Código Penal, el asesinato del senador más votado es un homicidio agravado por su relevancia nacional, que lideraba los sondeos de opinión, y en consecuencia, era el político de oposición más opcionado para llegar a la Presidencia de la República en 2026.
De acuerdo con el abogado de la familia, Victor Mosquera, pese a la calificación de “riesgo extraordinario” emitida por parte del sistema oficial de protección de lideres políticos desde 2023 y a la veintena de infructuosas rogativas de la campaña presidencial de Uribe Turbay para el reforzamiento de su esquema de seguridad, el Estado incumplió con el deber de garantizarle protección, que incluso, y sospechosamente, redujo el día del magnicidio. La ominosa negligencia del Estado es incontrovertible, como lo es la responsabilidad política del jefe de Estado, que exteriorizó en 43 trinos contra la familia Turbay.
A Colombia le cayó la roya del progresismo socialista de inspiración marxista hace tres años. Desde entonces, el innombrable de la Casa de Nariño aplica una política de tierra arrasada contra las instituciones y los cimientos democráticos, la independencia de los poderes públicos, las Fuerzas Militares, la seguridad ciudadana y las relaciones internacionales. Algo similar ha ocurrido con los fundamentos económicos y sociales construidos con el apoyo empresarial en los últimos sesenta años.
En las actuales circunstancias de luto nacional, debemos apostarle a la esperanza política, definida como la creencia ciudadana según la cual, dado que la política nos metió en este berenjenal, la política nos debe sacar de este atolladero.
Todas las semanas, el innombrable nos reduce los grados de libertad política, económica y social. Pero nunca nos podrá arrebatar la esperanza política en Colombia, en un líder de oposición que recupere la economía y la confianza en las instituciones, promueva la defensa de la democracia y emprenda una cruzada contra los bandidos y narcotraficantes del pacto de la Picota y la paz total.
La esperanza política tiene un potente efecto motivacional en la ciudadanía. Goethe la llamaba “die edle Treiberin”, la noble guía. Ante la necesidad inaplazable de recuperar la esperanza política, el siguiente paso es apuntarle a la construcción de un capital social de buenos ciudadanos, centros de pensamiento y empresarios demócratas, que contribuyan a definir un líder de oposición este semestre y elegirlo en el siguiente, que pueda erigirse como ganador en la primera vuelta en marzo de 2026 para evitar los riesgos de un fraude electoral en la segunda vuelta.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
HECTOR GUTIERREZ P
Por favor No se debe olvidar que la situación actual del País, No es un hecho aislado de inseguridad por parte de algunos mafiosos o delincuentes de poca monta, sino toda una Política de desmonte de las autoridades legalmente establecidas para defender a sus Ciudadanos, la Constitución y las Leyes del País desde hace mucho tiempo, para lo cual el guerrillero ordenó a su exministro Velásquez (Defensa) que desarticulara las Fuerzas militares y de Policía de Colombia, las desmoralizara y últimamente las diezmara con el apoyo de su Ministro de Justicia Montealegre y de una Fiscalía inoperante, dejara las tropas a merced de todos los criminales del País, además de fortalecerlos para así dejar a las fuerzas del orden con las manos atadas al ordenar que No pueden ser atacadas las milicias guerrilleras ni los grupos de delincuencia reconocidos, ni utilizar maniobras legales ofensivas de ataque ni de defensa, para proteger a su mal llamada Paz Total.