Junto a inversionistas y el BID, su equipo evalúa un plan a 20 años, que abarcaría dos millones de hectáreas.
El pasado jueves, en Barranquilla, la ciudad donde el presidente electo Abelardo De La Espriella ha venido reuniendo a su gabinete, un grupo de inversionistas y técnicos de la Orinoquía y de Brasil, se sentó frente a los ministros designados y un representante del Banco Interamericano de Desarrollo, con una presentación.
La tesis es que la sabana del oriente colombiano puede repetir lo que hizo el estado brasileño de Mato Grosso en cuatro décadas, y que puede empezar a hacerlo ahora.
Portafolio conoció el contenido de esa presentación. La firman la asociación empresarial Prorinoquia y la iniciativa Soya–Maíz Proyecto País, y se apoya en cifras de Fedesarrollo y de Scheffer Colombia, el brazo local del grupo agrícola brasileño del mismo nombre.
El documento propone un «Plan de Estado» de 20 años, dividido en tres umbrales. Entre 2026 y 2030 la región produciría tres millones de toneladas de soya y maíz, suficientes para reducir las importaciones en 37,5%.
Entre 2030 y 2034 llegaría a ocho millones de toneladas, el punto en el que el país dejaría de importar esos dos granos. Y hacia 2045 alcanzaría 20 millones de toneladas, de las cuales 12 se exportarían.
Para la primera etapa, se calcula que el sector privado tendría que poner US$1.300 millones en inversión de capital (el 40% en adecuación de suelos, el 25% en maquinaria, el 20% en minería y el 15% en plantas) más 440 millones adicionales de capital de trabajo.
La llegada de esa delegación a Barranquilla se dio luego que De La Espriella visitó, la misma semana pasada, el Vichada, en el corazón de la Orinoquía. Recorrió la Hacienda San José, un referente internacional de ganadería tecnificada fundada por el empresario Gabriel Jaramillo, y la Hacienda Scheffer, dedicada precisamente a la soya y el maíz.
«No recorrí únicamente haciendas, cultivos y proyectos ganaderos», escribió después en su cuenta de X. «Recorrí una visión de país: una Colombia que vuelve a creer en su campo».
El nuevo gobierno, dijo, «promoverá una política de Estado para aumentar la producción agropecuaria, fortalecer la infraestructura rural y sustituir progresivamente las importaciones de alimentos que Colombia está en capacidad de producir».
La comparación con Mato Grosso
Los suelos de ese estado brasileño son ácidos, tóxicos en aluminio y pobres en calcio y magnesio, casi los mismos defectos que tiene la Altillanura colombiana.
Aun así, Mato Grosso pasó de poco más de un millón de hectáreas cosechadas en 1980 a cerca de 20 millones en 2020, y hoy es el primer productor brasileño de ganado, soya, maíz y algodón.
Su PIB agropecuario creció 11,5% anual en promedio entre 2003 y 2021, y el estado tiene la mejor combinación de ingreso por habitante y equidad de todo Brasil.
Colombia está en el punto contrario. Según el estudio de Fedesarrollo que sirve de base a la propuesta, la Orinoquía tiene 25,5 millones de hectáreas y una frontera agrícola de 15 millones una vez se descuentan áreas protegidas.
En la Altillanura, de 6,9 millones de hectáreas disponibles, solo 238.000 estaban cosechadas en 2023: el 3,4%.
