Plutarco, historiador de la antigua Grecia, nos dejó como legado un escrito que tituló Vidas paralelas, en el cual extrae el carácter amoral de dos personajes de su época. En la nuestra, podríamos hacer una reminiscencia de las vidas paralelas de dos mandatarios socialistas, aún en el poder, cuyas vidas políticas se entrecruzan en el imaginario popular.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno español desde hace ocho años, ha perfeccionado el arte político de la resistencia, del teflón frente a la corrupción nauseabunda que lo rodea. Su esposa, Begonia, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de un software académico y malversación de fondos públicos. Su hermanísimo David está inculpado por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos.
En España, la cueva inmoral de la corrupción fluye como las cloacas bajo tierra, entre el Palacio de la Moncloa —sede de la Presidencia y residencia oficial del Gobierno español— y la madrileña calle de Ferraz 35 —domicilio del partido socialista de gobierno, el centenario PSOE—. Desde allí, se revuelven los truculentos hilos del poder para defender a 146 funcionarios incriminados, algunos convictos, entre ellos, el número tres del sanchismo, el otrora poderoso exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
El presidente saliente de Colombia, el próximo 7 de agosto, Gustavo Petro, tiene abiertos 110 expedientes en la Cámara de Acusaciones en su contra por presuntas irregularidades que habría cometido durante su mandato, además de 10 denuncias por supuesta participación indebida en política durante el reciente proceso electoral. Petro es el único presidente colombiano en la historia incluido en las sanciones de la OFAC —Lista Clinton— del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al igual que su esposa Verónica, su hijo Nicolás y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Según la OFAC, la medida obedece a que Petro habría otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas internacionales bajo la paz total, que habrían contribuido a los niveles récord de cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia.
