Es forzoso reconocer que el Gobierno se pifió con la reforma tributaria. Para comenzar, el Ejecutivo se atrincheró erradamente en una premisa insostenible, consistente en financiar la caída de la renta petrolera exclusivamente con impuestos, sector que genera el 22 por ciento de los ingresos de la Nación. Considerando que el precio del barril de petróleo WTI de referencia para Colombia perdió 40 dólares entre julio y diciembre del 2014, el hueco fiscal podría ascender a 20 billones de pesos, incluyendo el impacto estimado de la caída en las utilidades de Ecopetrol que le corresponden a la Nación. Así, el presupuesto de gastos para el 2015 estaría desfinanciado en una suma adicional a los 12,5 billones de pesos previstos en la reforma tributaria aprobada por el Congreso Nacional, valorada en 7,5 billones de pesos, descalce presupuestal que deberá arbitrarse con menores gastos.
Ahora bien, el PNUD publicó un estudio dirigido por Hernando José Gómez, titulado ‘Colombia frente a una destorcida en los precios del petróleo’, que arroja luces sobre el impacto proyectado del derrumbe petrolero. El documento examina la caída del precio del petróleo a 60 dólares por barril, el consecuente desplome de la inversión extranjera directa y la reducción sustancial en el ingreso de divisas al país. Todo lo cual podría generar una recesión económica comparable a la observada en Colombia a finales de los años noventa, regreso al desempleo de dos dígitos, incremento de la pobreza, menoscabo de la clase media y volatilidad de la tasa de cambio.
El Gobierno no debería omitir este llamado de alerta, que evidencia la asombrosa vulnerabilidad externa de un país que hasta hace poco navegaba como si fuera potencia petrolera, sin serlo.
Al reconocer esta cruda realidad, y dándole crédito al Gobierno por el oportuno impulso otorgado a su manejo contracíclico, desconcierta, sin embargo, su rígida postura para sacar a sangre y fuego una reforma tributaria que dispara la carga tributaria y perjudica la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Roberto Steiner y Hernando José Gómez dirigieron el proyecto de Fedesarrollo para el Consejo Privado de Competitividad y Amcham, bautizado ‘La reforma tributaria y su impacto sobre la tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia’. Allí, los autores confirman que las tasas efectivas de tributación en Colombia son confiscatorias. En agricultura, la carga impositiva real fluctúa entre 80,5 y 102,4 por ciento; en manufactura, entre 61,9 y 72,3 por ciento; en comercio, entre 99,2 y 114,6 por ciento, y en servicios, entre 86,3 y 94,5 por ciento.
Fedesarrollo demuestra que la reforma tributaria reduce la inversión en 1,56 por ciento como porcentaje del PIB, disminuye el crecimiento económico en 0,9 por ciento promedio anual en el periodo 2015-2018 y aumenta la tasa de desempleo en 0,6 por ciento, equivalente al despido de 132.000 trabajadores formales.
