El proyecto no tiene en cuenta la modificación del Plan de Manejo Ambiental presentado recientemente por la Policía Nacional.
En la antigüedad, Confucio proclamaba que el hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete un error mayor.
En eso están los ponentes del proyecto de Ley No 120 de 2020 de la Comisión Quinta Permanente del Senado, quienes pretenden prohibir el uso del glifosato en la implementación de la Política Nacional de Drogas de Colombia.
No solo se equivocan al rendir un informe con ponencia positiva para un primer debate de este esperpento jurídico, sino que se mantienen firmes en su empeño de romperle el espinazo a la estrategia nacional e internacional contra el narcotráfico, que incluye la aspersión aérea con glifosato de los cultivos ilícitos.
Los ponentes y sus ingenuos áulicos se arropan en el derecho a la vida, la salud y el medio ambiente de todos los habitantes del territorio nacional frente a los supuestos riesgos que representa el glifosato.
Sin embargo, el articulado va en contravía del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, que vale decir, es Ley de la República, y en particular, arruina la política integral de lucha contra las drogas ilícitas del actual Gobierno al impedir la reactivación del programa de aspersión aérea con glifosato.
El proyecto no tiene en cuenta la modificación del Plan de Manejo Ambiental presentado recientemente por la Policía Nacional, que permite retomar de forma controlada y segura la aspersión aérea en las zonas de la geografía colombiana con alto grado de afectación cocalera y barreras a la ejecución de otros programas de erradicación.
Los ponentes tampoco analizan ni mencionan las bondades del uso del glifosato como herbicida de amplio espectro, sólido perfil de seguridad, eficacia comprobada y bajo costo en la lucha contras las malezas indeseables en un medio tropical como el nuestro.
El Congreso de la República debe saber que el glifosato es un producto fundamental para el desarrollo sostenible de la agricultura en Colombia.
Resulta soberanamente contradictorio que el glifosato sea bueno para controlar las malezas en la agricultura comercial y no lo sea para lidiar con las malas hierbas y las siembras de coca de la economía ilícita que socavan la seguridad nacional.
La exposición de motivos del proyecto de ley contra el glifosato guarda silencio cómplice sobre las devastadoras consecuencias de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en materia de violencia ciudadana y degradación ambiental en las zonas de producción de sembradíos ilegales.
Para los ponentes, lo único importante es prohibir el glifosato en la guerra contra el narcotráfico, independiente de sus fatales consecuencias.
El proyecto de ley contra el glifosato deja inerme a la Fuerza Pública que combate con heroísmo los cultivos ilícitos en el país, cuyos integrantes son convertidos en carne de cañón por el inclemente accionar de las minas antipersonas y el hostigamiento de los narcotraficantes.
Los ponentes del proyecto de ley contra el glifosato deben entender que no existe un error que se pueda justificar después, salvo el oportuno hundimiento de esta errada iniciativa parlamentaria.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
