El monumental fraude electoral perpetrado en Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado es una acción política contraria a la verdad electoral y a la voluntad popular mayoritaria de los venezolanos, que compromete la supervivencia de la democracia en el vecino país y lo hunde (otros seis años) en el oscurantismo chavista de una satrapía de la peor laya.
El arrojo y la honestidad a toda prueba de María Corina Machado le permitió anunciarle al mundo en la madrugada del 29 de julio, que el legítimo presidente electo de Venezuela era Edmundo González, candidato de la oposición, que por primera vez en 25 años llegaba unida a una elección presidencial, que ganó en franca lid.
El oficialismo justificó la demora en la publicación de los resultados electorales en la noche del pasado domingo 28 de julio por los supuestos ataques cibernéticos.
El fiscal general de Venezuela acusó de saboteadores informáticos a los líderes de la oposición, Leopoldo López (en el exilio) y a María Corina. Cabría suponer que se viene una persecución fratricida contra la oposición, como anunció Maduro la semana pasada, que puede poner en riesgo la libertad, e incluso las vidas de la cúpula del Movimiento de Unidad Democrática, protegidas solamente por rosarios católicos.
Maduro, aprovechando el control absoluto de los cinco poderes públicos, entre ellos, el Judicial y el Electoral, además de la Fiscalía y las Fuerzas Militares, podría organizar una vendetta contra María Corina y Edmundo, que los medios de comunicación y la comunidad internacional deben rechazar sin ambages.
La defensa internacional de la democracia en Venezuela empieza por la protección de sus líderes políticos, complementada con la pausa en el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales y, por tanto, del nuevo gobierno. Todo esto con la consecuente exigencia de veedores internacionales para que realicen un análisis veraz de lo ocurrido en las treinta mil mesas de votación, incluida una verificación y contraste físico de la emisión de las papeletas por cada votante con los registros manuales en las actas de votación de cada mesa.
