El éxito de la batalla ecuatoriana contra el narcotráfico depende de la reciprocidad oficial en Colombia.
El trasfondo político de la tensión comercial entre Ecuador y Colombia tiene su explicación en la permisividad del Gobierno Nacional respecto de las actividades narcotraficantes de las guerrillas y los carteles en las inmediaciones de la frontera binacional.
Este asunto comenzó con el proceso de paz con las Farc en 2014 y se profundizó durante la actual administración por medio de la política de paz total con impunidad.
Para entender la actual lucha ecuatoriana contra el narcotráfico y las razones que motivan el uso del garrote arancelario contra Colombia -al mejor estilo del presidente Donald Trump-, es preciso retrotraerse 20 años.
En un foro internacional realizado en la Habana hace dos décadas, se presentó un profesor universitario ecuatoriano educado en Estados Unidos, Rafael Correa, quien planteó la necesidad de cerrar la base militar de Estados Unidos en Manta, provincia del litoral pacífico ecuatoriano.
La base de Manta era un enclave militar estadounidense diseñado para combatir el narcotráfico y la migración ilegal, cuya apertura había sido acordada por el presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, en 1999, por diez años.
Desde la llegada de Correa a la presidencia de Ecuador (2007-2017), el mandatario socialista bolivariano impulsó una Asamblea Constituyente para prohibir las bases militares extranjeras en el país.
Con su aprobación en 2008, Correa -actualmente prófugo de la justicia- negó la renovación de la concesión y ordenó el cierre de la base militar de Manta en el 2009.
Ese año, Ecuador instauró una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por la fumigación aérea con glifosato en lugares próximos a la frontera con Colombia.
En 2011, Colombia aceptó su responsabilidad, indemnizó a Ecuador con US$15 millones y suspendió la aspersión aérea con glifosato en un corredor fronterizo de 10 kilómetros.
Esta zona se convertiría luego en la primera región cocalera del país. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, joven político conservador nacido en EE. UU. e hijo de un magnate bananero, llegó al Palacio de Candarolet en 2023 en elecciones anticipadas convocadas por el presidente Guillermo Lasso para evitar su destitución por corrupción.
Desde el inicio del mandato, Noboa reconstruyó la guerra contra el narcotráfico y reactivó el interés por la presencia militar estadounidense en Ecuador.
Pese a que consiguió la aprobación del Parlamento, el pueblo la negó vía referéndum.
La semana pasada, el subsecretario adjunto de Defensa Nacional estadounidense, Joseph M. Humire, se reunió en Guayaquil con el alto Gobierno para fomentar acuerdos que contrarresten el narcotráfico y la minería ilegal, mejoren la seguridad en la frontera norte (sur de Colombia) y controlen los centros de acopio del narcotráfico y sus rutas de salida por el Pacífico.
El éxito de la batalla ecuatoriana contra el narcotráfico depende de la reciprocidad oficial en Colombia. ¡Cooperación o garrote!
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP. andresespinosa@inver10.co
