Al efectuar un paralelo entre los informes Doing Business del 2010 y el 2018, se concluye que en Colombia, cada año que pasa es más difícil hacer empresa.
El informe Doing Business 2018 del Banco Mundial valora y compara las diferentes dimensiones del entorno regulatorio de 190 economías para determinar si existen trabas o facilidades para hacer negocios en cada una de ellas. El Banco analiza 11 indicadores que incluyen las regulaciones para el inicio de un negocio; obtención de permisos de construcción, electricidad y crédito; registro de propiedades; protección de inversionistas minoritarios; pago de impuestos; comercio exterior; cumplimiento de contratos e insolvencia financiera.
Al efectuar un paralelo entre los informes Doing Business del 2010 y el 2018, podemos concluir que en Colombia, cada año que pasa es más difícil hacer empresa. En efecto, a comienzos de la presente década, Colombia ocupaba la casilla 37 entre 183 economías. El informe Doing Business 2018 nos descolgó al puesto 59 entre 190 países.
Resulta, entonces, pertinente preguntarse ¿cuáles son las razones que explican este bajonazo de 22 escaños en la calificación del Doing Business del Banco Mundial registrado durante la presente administración? La respuesta es sencilla y múltiple a la vez. El deterioro comparativo del entorno normativo empresarial en Colombia, observado entre los informes 2010 y 2018, se deriva de mayores exigencias y costos para el inicio de un negocio (74 a 96), trámite de permisos de construcción (32 a 81), registro de propiedades (51 a 60) y menor protección a los inversionistas (5 a 16).
Asimismo, llama la atención el descalabro regulatorio y las deplorables calificaciones obtenidas en materia tributaria (115 a 142); comercio internacional (97 a 125) y cumplimiento de contratos (152 a 177). Sobresale, sin embargo, la valoración del acceso al crédito (61 a 2), resultante del avance en los derechos legales de las entidades financieras, ampliación de la profundidad en la información crediticia y ensanche de la cobertura de las centrales de riesgo.
El examen del ‘costo país’ es igualmente preocupante. El precio de la electricidad en Colombia es 8,6 veces más alto que en la Ocde; la tasa de tributación nacional es del 69,8 por ciento contra el 40,1 por ciento en la Ocde; el costo local de exportar es 3,7 veces más alto que en la Ocde; el costo de importar en Colombia es 5 veces más elevado que en la Ocde; el cumplimiento de contratos es de 1.288 días en nuestro país contra 578 días en la Ocde; las costas legales en Colombia ascienden al 45,8 por ciento del valor demandado frente al 21,5 por ciento en la Ocde.
En Colombia, según el DNP, se promulgaron 45.922 decretos, resoluciones, acuerdos y circulares oficiales entre el 2010 y el 2016, carga regulatoria a todas luces excesiva que entorpece el ritmo de los negocios. Para enmendar el camino, el Informe Nacional de Competitividad 2017-2018 recomienda crear una autoridad nacional de supervisión regulatoria, que implemente un programa integral de desregulación inteligente, simplificación de trámites y consulta pública centralizada, basado en la medición de costos y beneficios.
