El sector agropecuario y su cadena de suministro han sido el soporte de la nación colombiana en la hora más difícil de todos los tiempos.
urante la Gran Depresión de los años treinta, Estados Unidos lideró la primera iniciativa de sustitución de importaciones. La segunda acción en igual dirección surgió en los años 70, época en la cual se creó la Opep que dio origen a la cartelización del petróleo y la consecuente alza de sus precios a nivel mundial.
Latinoamérica implementó en aquel tiempo las tesis Cepalinas de industrialización dirigida mediante la sustitución de importaciones, planificación, intervencionismo estatal e integración regional.
Mecanismos usados para contrarrestar la alta dependencia económica externa generada por la existencia de un puñado de productos básicos de exportación y el deterioro secular de sus términos de intercambio, es decir, de los precios de exportación respecto de las importaciones.
La política de sustitución de importaciones en la región -Colombia incluida- favoreció inicialmente la industrialización, pero reveló con el tiempo sus aspectos negativos. Las industrias que se formaron bajo el proteccionismo arancelario no pudieron sobrevivir en condiciones de libre competencia.
El carácter cerrado de los mercados nacionales provocó el surgimiento de monopolios, ineficiencia tecnológica y captura de rentas, componentes que contribuyeron a su gradual desprestigio.
El Consenso de Washington de 1990 y la globalización le pondrían punto final a la política de sustitución de importaciones en nuestro país, la cual sería, primero, reemplazada por la gravosa apertura hacia adentro que redujo el área sembrada agrícola en un millón de hectáreas, y luego por la negociación bilateral de Tratados de Libre Comercio (TLC) en busca de reciprocidad, estímulo exportador y atracción de inversión extranjera.
Colombia está en mora de aplicar una política de sustitución de importaciones inteligente de nueva generación para el sector agropecuario, que evite los errores del pasado.
Resulta inmoral, incluso inconstitucional e ilegal, permitir o promover la importación de alimentos como ha ocurrido en la última década. Ciertamente, las importaciones agrícolas –con subsidios prohibidos por los TLC y rapiña de rentas– aumentaron de 8,9 millones de toneladas en 2009 a 14,2 millones de toneladas en 2019. No sorprende, entonces, el insoportable desangre de la balanza comercial, el cual asciende actualmente a 7,5 billones de dólares.
El aislamiento obligatorio generado por la pandemia sanitaria ha servido para evidenciar y renovar la importancia y la vigencia de la seguridad alimentaria en nuestro país. La realidad es que el sector agropecuario y su cadena de suministro han sido el soporte fundamental de la nación colombiana en la hora más difícil de todos los tiempos.
Razón suficiente para promover una ingeniosa política de sustitución de importaciones agrarias de nuevo cuño, que promueva la producción y la compra de alimentos colombianos.
La probada existencia del mercado nacional rural reduce los riesgos de establecer una política de sustitución de importaciones agropecuarias, la cual debe complementarse con apoyo estatal y gasto masivo en vías terciarias, fomento de semillas mejoradas, asistencia técnica, crédito, riego, centros de secamiento, pulverización, deshidratación, acopio e impulso oficial y empresarial para la agro-industrialización nacional.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
Fernando Africano Ortiz
Colombia tiene las tierras, la mano de obra, el agua, climas y posicion geografica para con voluntad politica y union del trabajo con el capital mediante alianzas estrategicas, sistemas cooperativos,y trabajo asociado ser un gran productor y exportador se alimentos y agroindustria.