La orientación socialista de Petro garantiza la destrucción de los cimientos de la agricultura comercial tecnificada.
Gustavo Petro, candidato presidencial por el movimiento Colombia Humana, hizo pública su propuesta de socialismo bolivariano para el campo colombiano. Pese a que el aspirante Petro anuncia en la página web de su movimiento que no se expropiarán empresas ni tierra productiva, garantiza que hará uso de los instrumentos previstos en la Constitución y la ley para poner en práctica la función social de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra.
Sus objetivos prioritarios serán la agricultura campesina y la promoción de sus zonas de reserva; la adjudicación familiar y otras formas de organización territorial que propongan las organizaciones campesinas; el marchitamiento progresivo, con argumentos falaces, de la ganadería extensiva, el cultivo de palma y los biocombustibles, así como la venta forzada de tierras y la sustitución estatal de la caña de azúcar por horticultura en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
La propuesta rural del candidato Petro se apoya presumiblemente en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario N° 37323 del 13 de noviembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, norma que se tradujo en la expropiación de 7 millones de hectáreas, el desabastecimiento de alimentos del 85 por ciento y la hambruna estructural y sistémica del socialismo bolivariano.
Para acreditar lo anterior, basta referirse al núcleo del régimen agrario venezolano: “la evaluación de uso y adjudicación de tierras, sujeta al efectivo cumplimiento de la función social, que viene a ser la productividad agraria. Las tierras calificables como fincas ociosas o incultas son aquellas que no cumplen con los requisitos mínimos de producción; en tal sentido, pueden ser objeto de intervención o expropiación agraria y serán gravadas con un tributo para que sean puestas en producción. Las tierras propiedad del Estado, o previa expropiación, las tierras propiedad de particulares que se encuentren improductivas, podrán ser otorgadas en adjudicación a aquellos sujetos dedicados a la actividad agraria rural que demuestren aptitud para transformarlas en predios productivos”.
Gustavo Petro advirtió en la Hora 20, de Diana Calderón, que de ser elegido, aplicaría un “impuesto a la improductividad de la tierra”. Al gravar la tierra con este impuesto, se darían dos efectos diferentes: los poseedores producen de manera productiva y no lo pagan. Los otros deciden venderla al Estado para entregársela a los campesinos que tengan vocación agraria. La renta presuntiva sería la clave para llevar al latifundio a producir. La base de este gravamen antitécnico de renta presuntiva rural sería la productividad laboral, que el propietario debe certificar con el pago de las prestaciones de los trabajadores agrarios. Si el empresario no tiene los certificados exigidos, la tierra sería declarada improductiva, así produzca eficientemente. Se activarían, así, el impuesto predial y la renta presuntiva rural de naturaleza confiscatoria.
La orientación socialista de Gustavo Petro garantiza la destrucción de los cimientos de la agricultura comercial tecnificada, la desinversión rural y la inseguridad alimentaria nacional.