El impuesto al patrimonio se ha derogado en la mayoría de los países europeos por su probada ineficacia en materia de igualdad.
El impuesto sobre el patrimonio es un gravamen directo, personal, individual y antitécnico que castiga el capital. El impuesto al patrimonio planteado en la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro tiene un sesgo ideológico anticapitalista, socialista, que desanima inversión, innovación, creación de empresa y empleo productivo.
El proyecto de reforma tributaria aprobado la semana pasada por las Comisiones terceras de Senado y Cámara incluye una disposición de origen gubernamental, que fija de manera permanente, a partir del primero de enero de 2023, un oneroso impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales de 0,5% anual para más de 3.000 millones de pesos; 1,0% anual para los que superen los 5.000 millones de pesos ; y de 1.5% anual por encima de 10.000 millones de pesos. La norma aprobada por las células legislativas establece que las acciones de empresas que no coticen en bolsa se valorarán de manera retroactiva -y excesiva – por su costo de adquisición ajustado por la inflación desde el momento de su constitución. Por fortuna, en los debates legislativos mencionados se modificó la perversa disposición impositiva, que establecía el valor intrínseco como la base patrimonial gravable de las acciones de las personas naturales en las sociedades que no cotizaran en Bolsa, que en pocas palabras, las ponía a pagar impuestos sobre valorizaciones, reservas y utilidades retenidas no realizadas, que no han sido ni serán distribuidas, dado que son reservas técnicas para permitir la expansión de sus negocios.
En opinión de Santiago Pardo, uno de los tributaristas más prestigiosos del país, “la extensión del impuesto al patrimonio para las personas naturales constituye un retroceso en el propósito de conseguir un sistema tributario que haga competitivo al país. Este impuesto, que termina siendo más gravoso que la propia renta presuntiva, conduce a generar, junto con los demás tributos que afectan a las personas naturales, unas tasas de tributación confiscatorias sobre los patrimonios de los contribuyentes”.
En España, el debate sobre el impuesto al patrimonio está como para alquilar balcón. De un lado, el gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez quiere imponer mayores cargas tributarias al patrimonio. Del otro, nos encontramos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, quien se fue lanza en ristre contra el impuesto que gravaría la riqueza neta superior a los tres millones de euros. Con la certeza que dan la inteligencia y la razón, Ayuso tacha este tributo de “autoritario” y de “operación de marketing” populista, que “espantará al patrimonio y las empresas de España”.
El impuesto al patrimonio se ha derogado en la mayoría de los países europeos por su probada ineficacia en materia de igualdad, elevado costo de administración, promoción de la salida de capitales y enfriamiento del apetito inversionista. Colombia debería hacer lo mismo.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
