En lugar de castigo fiscal, la agricultura requiere estímulos tributarios para el renacer del campo y el empleo rural.
El Gobierno finalmente se echó al agua con la reforma tributaria más polémica y descaminada de nuestro tiempo, especialmente para la agricultura colombiana, el sector económico peor tratado en su articulado.
El proyecto de ley le da con todo al agro nacional, desconociendo, como afirma la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que la agricultura le cumplió al país durante la pandemia. Sin embargo, el proyecto de ley de solidaridad sostenible es cualquier cosa menos solidario con nuestra agricultura.
Resulta evidente la inclinación anti-agropecuaria de los hacendistas que laboran en el edificio contiguo a la Iglesia de San Agustín, a espaldas de la Casa de Nariño.
La reforma tributaria traslada los bienes que actualmente están en la categoría de exentos (carne, pollo, pescado, huevos, queso fresco, leche, nata y arroz) a la condición de excluidos.
Esta modificación significa que el IVA pagado en las etapas previas de elaboración y distribución no será recuperable por el productor nacional, lo cual se traduce en un aumento de sus costos, y por tanto, en un incremento de los precios al consumidor.
Según el prestigioso tributarista, Santiago Pardo, esta propuesta favorece la importación de los productos agropecuarios que no tienen que pagar IVA sobre sus insumos, en contravía del interés nacional y de las recomendaciones de la comisión de expertos tributarios.
El proyecto traspasa numerosos bienes agrícolas de la categoría de excluidos del IVA a un gravamen del 19%, entre los cuales se encuentran la comercialización de animales vivos y su faenamiento, madera, caucho natural, tractores y neumáticos de uso agrícola o forestal, redes para la pesca, pita, yute y cabuya para empaques, sistemas de riego, aspersores, cosechadoras, trilladoras, equipos de limpieza, clasificación de semillas y huevos.
Esta nueva carga tributaria eleva la protección negativa de los productos agrícolas nacionales y favorece las importaciones.
El texto oficial crea un insólito impuesto del 8% al consumo de plaguicidas requeridos para el control de plagas y enfermedades propias de nuestra agricultura tropical, en desmedro de su protección sanitaria y competitividad internacional. El etanol y el biodiésel salen del listado de bienes exentos con un IVA del 19%.
De este modo, se evidencian serias contradicciones gubernamentales, pues, de un lado, el Ejecutivo promueve una economía verde y sostenible, y por el otro, desestimula las fuentes de energía renovable de origen vegetal que morigeran los gases de efecto invernadero.
El proyecto aumenta el IVA del 5% al 19% del algodón y la maquinaria agrícola y pecuaria, en detrimento de la competitividad rural. El articulado incrementa el IVA del seguro agropecuario del 5% al 19%, con lo cual se desalienta la política pública de mitigación de riesgos agrarios.
En lugar de castigo fiscal, la agricultura colombiana requiere estímulos tributarios para el renacer del campo y la promoción de empleo rural.
Óscar
Totalmente de acuerdo Doctor Espinosa