El Gobierno retiró el proyecto de ley de tierras para reemplazarlo por dos instrumentos jurídicos distintos, reflejo de una preocupante improvisación en la materia. El primero será un texto de ley y el segundo un decreto ley, ambos al amparo de la nueva interpretación constitucional del fast track.Después de conocerse las profundas inconformidades del sector privado en el tema del proyecto de ley de tierras, la W obtuvo en exclusiva el documento final que se le presentó la presidente de la República Juan Manuel Santos con las observaciones de este sector.
Sin embargo, ocurrió algo curioso, pues fuentes cercanas a La W les confirmaron que el Gobierno le entregó a la Comisión de Seguimiento para la Implementación del Acuerdo de Paz, CSIVI, un documento diferente al que se le entregó al presidente Santos. El primero contiene 30 hojas y el segundo abarca 56 páginas. Ello significaría que se le hicieron cambios trascendentales que podrían están favoreciendo las anotaciones de las Farc al margen de los empresarios y productores del campo.
Por ejemplo, uno de los cambios que conoció la W es que del documento de 30 páginas se elimina el beneficio de acceder a la tierra y formalizarla para los empresarios que tengan tierras de 350 millones de pesos, lo que aseguran estaría lejos de ser grandes terratenientes y si perjudicarían el proceso de regulación de títulos y formalización.
Otros de los cambios que preocupan seriamente a los productores del campo tienen que ver con un nuevo inciso según el cual se indica que todos los baldíos pequeños medianos y grandes que estén ocupados indebidamente,pasarán a ser reserva del Estado, pese que el productor haya ganado su derecho a la tierra por los años de tenencia y por la explotación del predio rural.
Actualmente, el proyecto de ley de tierras está bajo el control exclusivo de la CSIVI donde las Farc tienen la potestad de incluir las modificaciones que consideren acorde con el texto del Acuerdo del Teatro Colón, cuyo contenido solo conoce el alto Gobierno. Este secretismo oficial, en lugar de favorecer la discusión, la enrarece y genera suspicacia en el sector rural.
