La Carta Magna le permite a los legisladores destituir al jefe de Estado por “incapacidad moral”. El término nunca se ha definido, pero muchos peruanos creen que Castillo cumple con los criterios para sacarlo de la Casa de Pizarro.
Cuando Pedro Castillo, maestro de escuela primaria rural, ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales del año pasado, los optimistas esperaban que pudiera construir una coalición que se extendiera más allá de su partido marxista-leninista, Perú Libre, y gobernara de manera pragmática. Los pesimistas anotaron su falta absoluta de experiencia y la influencia del oscuro personaje y jefe de su partido formado en Cuba, Vladimir Cerrón, y predijeron, en consecuencia, el desastre.
A siete meses de la toma de posesión de Castillo, los pesimistas van ganando las apuestas. El presidente Castillo, de sombrero alón al mejor estilo del finado guerrillero cubano, Camilo Cienfuegos, se encuentra acorralado con su cuarto primer ministro, su tercer ministro de relaciones exteriores y su segundo ministro de finanzas. Su gobierno se tambalea, va de crisis en crisis. El tercer primer ministro fue designado a principios de este mes, pero duró tan solo solo cuatro días después de la publicación de duras acusaciones en su contra por agresión familiar. Su reemplazo es una figura conflictiva, que, a buen seguro, tampoco sobrevive mucho tiempo.
El gobierno de Pedro Castillo está paralizado. Los problemas políticos de Perú no comenzaron con esta administración; el presidente de Perú es un símbolo de un desorden institucional más amplio. La desintegración de los partidos tradicionales, el desprestigio de la clase política agobiada por recurrentes escándalos de corrupción y el constante forcejeo de mandatarios con legisladores hostiles, han creado una crisis de gobernabilidad, que amenaza seriamente a la democracia peruana, actualmente al borde del acantilado del litoral.
El problema es, en parte, constitucional. La Carta Magna le otorga al presidente amplios poderes para vetar leyes, e incluso, disolver el Congreso, pero también les permite a los legisladores, en contraprestación, destituir al jefe de Estado por “incapacidad moral”. El término nunca se ha definido, pero muchos peruanos creen que Castillo cumple con los criterios para sacarlo de la Casa de Pizarro.
Hasta ahora, el Congreso no ha podido destituir a Castillo. Un intento de hacerlo en diciembre pasado fracasó. La próxima vez podría ser la vencida.
