La agricultura colombiana parece tener más futuro que pasado. Su declive gradual luce inexorable a menos que se promueva un revolcón.
El Dane publicó, con significativo retraso, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de los años 2018 y 2019. La ausencia de periodicidad refleja la escasez presupuestal del Dane -dependiente de los recursos del Ministerio del ramo- y la falta de prioridad de publicaciones estadísticas oportunas de los temas agrarios, que es preciso corregir para facilitar la dirección de la política pública del campo colombiano.
La comparación de las dos Encuestas de 2018 y 2019 se complica por la carencia de sistematización de sus resultados.
En la ENA 2018, se omiten los datos del área sembrada incluidos en la ENA 2019, los cuales son un pilar fundamental de las estadísticas agrarias en el mundo entero para los hacedores y analistas de la política rural.
Por esta razón, nos concentraremos en la comparación del Censo 2014, la ENA 2017 y la ENA 2019 para vislumbrar la cruda realidad del sector agropecuario colombiano, conformado por dos millones de productores, de los cuales el 94 por ciento son personas naturales, y de estas, el 25 por ciento son mujeres.
Por tamaño, el 48 por ciento tiene menos de tres hectáreas.
Según la ENA 2019, él área total sembrada en Colombia fue de 5,3 millones de hectáreas, correspondiente al 13 por ciento de la frontera agrícola nacional de 40 millones de hectáreas calculada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Acorde con la ENA 2017, el área cultivada era 5,9 millones de hectáreas hace dos años, lo cual arrojaría una disminución de 10 por ciento en el periodo.
Dado que según el Censo Agrícola 2014, el área plantada era 7,1 millones de hectáreas, la reducción de las siembras en los últimos cinco años asciende a un alarmante 25 por ciento.
De lo anterior se concluye, por un lado, que la agricultura colombiana parece tener más futuro que pasado. Por el otro, su declive gradual luce inexorable a menos que se promueva un revolcón en materia de política pública y competitividad del campo colombiano.
Así las cosas, resultan oportunos la concertación incluyente y los trabajos técnicos realizados en el seno del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, en torno de un acuerdo agrícola sobre lo fundamental para el desarrollo integral de la ruralidad colombiana.
El acuerdo propuesto tiene en cuenta la experiencia del milagro agropecuario peruano, y en particular, la Ley de Promoción Agraria de Estado, que declara la agricultura de interés nacional para promover las exportaciones, la inversión y el desarrollo rural, incluidas las actividades agroindustriales que empleen insumos agropecuarios de origen nacional y no importado.
El régimen tributario peruano para el agro –vigente entre los años 2001 y 2031–, estipula una tasa única de 15 por ciento para el impuesto de renta, depreciación acelerada para las inversiones en infraestructura de riego, recuperación anticipada del IVA sobre maquinaria para la etapa preoperacional y contratación laboral de conformidad con los ciclos productivos de la actividad agropecuaria.
¡Mejor imposible!
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
