En un Estado de Derecho, todos deben obedecer la Constitución Política y la ley.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó de manera oficiosa una medida cautelar de urgencia para dejar sin efecto los insanos permisos concedidos por la Alcaldesa de Bogotá y las demás alcaldías locales de varios de los municipios de Colombia para llevar a cabo las manifestaciones de protesta del 28 de abril y el primero de mayo.
En un Estado de Derecho, todos deben obedecer la Constitución Política y la ley, único poder que puede estar por encima de las demás potestades públicas y privadas.
La justicia, y por ello mismo, las leyes, desprovistas de toda subjetividad y de su consecuente debilidad, la pasión humana, deben regir a todos los ciudadanos para que ninguno esté sometido despóticamente al otro, y mantengan, todos, su libre albedrío personal y empresarial, como promueve a pie juntillas la Carta Magna.
Este es el gobierno civil de nuestro tiempo, el Estado de Derecho que existe en Colombia como parte integral del interés público y constitucional, regido por las leyes y no por las decisiones arbitrarias de un puñado de desatinados mandatarios regionales o de un inconsecuente e irracional comité de paro.
Resoluciones que van en contravía del ordenamiento jurídico y del interés nacional al permitir –y hasta propiciar– las violentas marchas de la hora, con el apoyo corifeo de avezados políticos y la turba de profetas mesiánicos, pétreos y Anarcos de oposición, que buscan demoler, ciegamente, el establecimiento colombiano. Esta es la revolución comunista bolivariana en su fase primigenia. Y vienen por más.
La anarquía resultante del desconocimiento de los principios fundacionales del Estado de Derecho conduce a los desórdenes y manifestaciones ciudadanas que vemos y sufrimos actualmente.
Sus promotores y participantes delinquen al marchar en contravención con la medida cautelar que prohíbe su realización y vulneran la seguridad y la soberanía ciudadanas, al fomentar la expansión de la pandemia en medio de insensatas aglomeraciones, violentas y desenfrenadas.
En estas circunstancias, como colombianos de bien, debemos apoyar de forma irrestricta al jefe de Estado, Iván Duque, en su empeño por restablecer el imperio de la ley y la prevalencia del Estado de Derecho. Las marchas deben cesar ahora mismo.
Para ello, es menester restaurar la primacía del principio de autoridad del Ejecutivo, según el cual le corresponde al presidente de la Republica, como suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, “conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”.
Para volver a la normalidad de la Ley y el Orden, el peresidente Duque podría acudir a las disposiciones constitucionales del artículo 213 para declarar el Estado de Conmoción Interior y obtener facultades extraordinarias que le permitan conjurar la grave perturbación del orden público que se ha tomado por asalto la tranquilidad ciudadana.
