Bogotá, que abarca menos del 1 por ciento de las empresas agropecuarias del país, concentra el 16 por ciento del crédito de fomento del sector.
De tiempo atrás hemos manifestado que el sector agropecuario colombiano se mueve a paso de tortuga. Las razones de este marasmo son múltiples y complejas. En esta ocasión, analizaremos las fallas estructurales del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario de Finagro, creado mediante la Ley 16 de 1990 y concebido por el entonces ministro del campo, Gabriel Rosas, durante la administración del presidente Virgilio Barco.
El objetivo del crédito de fomento rural es impulsar la producción y la capitalización del sector agropecuario, aumentar el empleo, estimular la transferencia tecnológica, contribuir a la seguridad alimentaria, construir infraestructura productiva, promover la distribución del ingreso, auspiciar el incremento de las exportaciones, impulsar la sustitución de importaciones y mejorar las condiciones sociales y económicas del sector rural del país. Estos objetivos mantienen su plena vigencia.
Sin embargo, cada vez nos alejamos más de su anhelado cumplimiento. Durante los últimos diez años, la concentración de créditos en grandes empresas y comercializadoras con escasos o inexistentes vínculos con el sector agropecuario aumentó del 34 por ciento en el 2009 al 70 por ciento en el 2019. De otro lado, el financiamiento de los pequeños productores agropecuarios se redujo del 65 por ciento al 13 por ciento en esta década.
La razón de fondo de la pérdida de foco del financiamiento agropecuario tiene que ver con el crecimiento del 869 por ciento de la cartera sustitutiva de las inversiones forzosas en Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, –exigidas al sistema bancario desde los años cincuenta para financiar el agro– de 1,6 billones de pesos a 15,5 billones de pesos en estos diez años.
La cartera sustitutiva se orienta fundamentalmente a grandes compañías para capital de trabajo, comercialización y normalización de cartera en actividades de bajo o nulo impacto y conexión con la producción agropecuaria. Por el contrario, los créditos concedidos a los pequeños productores rurales se destinan a la inversión en el campo. Pese a ello, según el Censo Agropecuario (2014), el 91 por ciento de los 2,7 millones de unidades de producción rural no están en el radar del sistema de financiamiento agrario.
La concentración de crédito agropecuario también es regional. Bogotá, que abarca menos del 1 por ciento de las empresas agropecuarias del país concentra el 16 por ciento del crédito de fomento del sector. Es más, el 70 por ciento de la cartera agropecuaria se coloca en cinco departamentos (Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca).
Desde la Misión para la Transformación del Campo propusimos, por un lado, encauzar los recursos de financiamiento agropecuario hacia las necesidades del productor rural que permitan corregir las fallas de mercado existentes, y, por el otro, subsanar la proclividad de la cartera sustitutiva hacia los grandes negocios que no hacen parte de la cadena de valor agropecuaria, incluidos aquellos agentes económicos que utilizan los recursos subsidiados del agro para importar alimentos y competir deslealmente con la producción nacional.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
