La célebre frase atribuida a Napoleón, según la cual “aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla”, resulta pertinente para analizar las posibles consecuencias de la jauría desatada contra la industria azucarera colombiana.
Hace poco más de 20 años, los productores de caña de azúcar de México atravesaban una de las crisis más severas de su historia, comparable a lo acontecido a finales de los años 20, cuando desaparecieron simultáneamente los ingenios y los empleos azucareros. La apertura comercial implementada por el Gobierno mexicano a comienzos de los años 90, generó la importación masiva de 2,5 millones de toneladas de azúcar a precios inferiores a los que regían para el mercado nacional, equivalentes al 60 por ciento de la producción mexicana.
A lo anterior se sumó el acuerdo allegado entre los fabricantes de gaseosas colas -que consumían en aquella época el 30 por ciento del azúcar mexicano- y las multinacionales de granos norteamericanos, alianza que les permitió reemplazar el azúcar doméstico por jarabe de fructosa de maíz, producido y exportado por Estados Unidos, sector afectado, entonces, por sobreproducción y caída de precios en su mercado de origen. La manguala fraguada entre la política gubernamental mexicana y los industriales de gaseosas contra los cultivadores de azúcar de México, se tradujo en la quiebra de prácticamente la totalidad de los 64 ingenios mexicanos.
En Colombia, país de corta memoria, el Gobierno parece recorrer un sendero similar al emprendido por México hace más de dos décadas. El Ministerio de Industria y Comercio publicó en su página web, el pasado viernes, un proyecto de decreto no concertado, probablemente sin base legal, que menoscaba el efecto estabilizador de la franja de precios de azúcar al instaurar un arancel máximo de 70 por ciento (62 por ciento para Brasil), con reducciones adicionales a 40 por ciento en tres años (35 por ciento para Brasil).
Resulta evidente que la acción gubernamental, suscitada por las fuertes presiones de los dulceros, chocolateros y fabricantes locales de gaseosas negras -de análoga manera a lo ocurrido en México a comienzos de los años 90- puede ahogar el mercado nacional con azúcar originaria de Brasil, país que controla el 47 por ciento de las exportaciones mundiales a base de subsidios masivos prodigados a su industria agrícola y de bioenergía.
En opinión de Asocaña, “el citado proyecto de decreto pone en riesgo los 188 mil empleos que genera la agroindustria de la caña en 48 municipios y la estabilidad de 350 mil familias paneleras, que se ven afectadas por lo que le suceda al azúcar a lo largo y ancho del territorio nacional. La reducción del arancel estimulará las importaciones de azúcar, deteriorará aún más la balanza comercial del país y alimentará la práctica ilegal de derretimiento de azúcar para producir panela en deplorables condiciones sanitarias, en contra del consumidor nacional”.
