La reciente confusión generada por el Gobierno sobre el TLC con Estados Unidos es la prueba reina que el Ejecutivo desconoce no solo sus fundamentos, sino que tampoco percibe que le falta.
Para abordar lo anterior, es menester tener en cuenta que un tratado comprende cinco etapas: preparación, negociación, aprobación, implementación y aprovechamiento. En el primer ciclo, la preparación es lo más importante, dado que su ausencia garantiza una mala negociación, de suyo también crucial. La aprobación es un requisito para seguir adelante, tanto en el Congreso colombiano como en la Corte Constitucional. Por supuesto, la implementación es esencial para poner en vigencia el TLC, que en el caso colombiano, exigió la expedición de decenas de leyes y decretos reglamentarios adicionales al TLC. El régimen comercial de Estados une la aprobación y la implementación en una sola Ley de Implementación, que incluye todas las normas a ser modificadas, una maravilla legal, que combina eficacia y simplicidad, por cierto, única en el mundo.
¿Qué nos falta? El aprovechamiento. En este tema, Estados Unidos demostró que para ellos, esta fase era fundamental; para Colombia no lo ha sido. Quizás influyó el hecho que su gestación tomó cerca de 9 años, contados desde el anuncio de la intención de negociar un TLC con Colombia el 15 de noviembre de 2003, el inicio de las negociaciones en Cartagena el 18 de mayo de 2014, la firma del TLC en la sede del BID en Washington el 22 de noviembre de 2006 y la proclama oficial de entrada en vigor del Tratado el 15 de mayo de 2012 hecha por los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos en Cartagena.
En diciembre de 2011, el Ejecutivo colombiano promovió una Reforma Arancelaria Estructural, que dejó sin piso el aprovechamiento del TLC, en contravía de los trabajos realizados como negociadores para garantizar sus beneficios. Este esfuerzo se concretó en una ambiciosa Agenda Interna en acceso real a mercados, asuntos sanitarios, contratación pública y defensa comercial, asuntos que garantizaban su aprovechamiento, el cual debería ser la única prioridad del Gobierno.
Autor Andres Espinosa Fenwarth
