El atraso del agro nacional se deriva de la ausencia de políticas de largo plazo, deficiencias de infraestructura física, comercialización, crédito, seguros de cosecha, inestabilidad jurídica, impuestos confiscatorios e inflexibilidad laboral.
Fedesarrollo y la Universidad Eafit publicaron un interesante estudio financiado por el Grupo Argos, titulado ‘Política comercial agrícola: nivel, costos y efectos de la protección en Colombia’, el cual fue liderado y editado por Juan José Perfetti y Jesús Botero. Desde el prólogo, Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo, concluye que la agricultura nacional se ha quedado “fuertemente rezagada”. La evidencia presentada es contundente. Desde la década de los años noventa, la producción agrícola colombiana creció por debajo del promedio mundial y regional. El índice de producción agrícola de la FAO muestra que Colombia avanzó 7 por ciento entre 1990 y el 2013, mientras que Perú ascendió 106 por ciento en igual periodo.
De acuerdo con esta publicación, Colombia adelantó una robusta apertura económica en 1991, que al año siguiente se tradujo en una “fuerte contracción de la actividad agropecuaria”. En esa época, se perdieron un millón de hectáreas de cultivos agrícolas. Para enfrentar esta debacle económica y social, bajo la dirección del entonces ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, entró en vigor la Ley 101 de 1993, por medio de la cual se desarrollaron los principios constitucionales de intervención estatal de la economía y protección especial de la producción de alimentos en Colombia.
De forma errónea, el libro concluye que “la política comercial del país ha estado orientada, sistemáticamente, a la protección de la agricultura”, factor que probablemente explicaría el atraso agropecuario nacional. Si bien el agro debe ser protegido, según lo dispone la Carta Magna, en la práctica no siempre ha sido así. Basta citar el estudio para comprobarlo. El arancel efectivo de la agricultura -es decir, el que pagan realmente los importadores-, se redujo de 12,8 por ciento en el 2002 al 4 por ciento en el 2015, resultante de la rebaja arancelaria unilateral del 2011 y la implementación gradual de los TLC. En consecuencia, los aranceles agrícolas aplicados por Colombia se encuentran entre los más bajos del planeta, lo cual explica las importaciones agropecuarias actuales de 13 millones de toneladas, equivalentes al 40 por ciento de la producción del sector.
El estudio también aborda las medidas no arancelarias, pero lo hace desde una perspectiva equivocada, habida cuenta de que en su criterio, la aplicación de estas disposiciones “evidenciaría un sesgo proteccionista”. La agricultura moderna exige medidas técnicas, ambientales, sanitarias y fitosanitarias para garantizar su sostenibilidad, la sanidad animal y vegetal, así como la inocuidad alimentaria, normas que no pueden ser consideradas como barreras al comercio. El estudio también yerra respecto de los derechos antidumping y salvaguardias, providencias legales incluidas en los TLC, que califican desatinadamente como “no técnicas”, las cuales amparan la agricultura contra la competencia desleal.
A nuestro juicio, lo anterior deja sin piso el estudio de Fedesarrollo-Eafit. El atraso del agro nacional se deriva realmente de la ausencia de políticas de largo plazo, deficiencias de infraestructura física, comercialización, crédito, seguros de cosecha, inestabilidad jurídica, impuestos confiscatorios e inflexibilidad laboral.
