La determinación de la administración de Petro coloca a las víctimas de los paramilitares en el vagón de atrás para darles prevalencia y ungir con grosera impunidad a estos victimarios.
El Gobierno Nacional, mediante la Resolución No. 453 del 8 de noviembre de 2024 de la Presidencia de la República, nombró como gestores de paz a 17 paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que incluyen, entre otros, a los siguientes bandidos: Hernán Giraldo, alias el Taladro, el monstruo de La Sierra Nevada, depredador sexual acusado de desplazamiento forzado, homicidios y violencia sexual contra 200 menores de edad; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, condenado y extraditado por narcotráfico, acusado por las autoridades colombianas en 1.486 investigaciones por múltiples delitos, incluidos asesinato, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la del Salado, Bolívar; Carlos Mario Jimenez, alias Macaco, quien aceptó su responsabilidad en 141 asesinatos, entre ellos, varios integrantes del partido Unión Patriótica (UP), periodistas, funcionarios judiciales y civiles; José Veloza García, alias HH, extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos en 2009, criminal confeso de 3.000 asesinatos cometidos durante su accionar paramilitar; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, acusado y condenado en 450 delitos, dentro de los cuales se destacan 123 crímenes por desaparición forzada, 48 por desplazamiento forzado, 60 por reclutamiento ilícito, 20 por violencia de género y 20 participaciones en masacres paramilitares.
La determinación de la administración de Petro coloca a las víctimas de los paramilitares en el vagón de atrás para darles prevalencia y ungir con grosera impunidad a estos victimarios.
Estos narcos, violadores, despojadores de tierras, extorsionistas, homicidas confesos en masa y señores de la guerra son la tapa de la violencia en Colombia, convertidos, sin razón ni fundamento legal, en gestores de paz.
Además del vendaval en contra de esta determinación presidencial, se avecina una lluvia de reclamaciones judiciales. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, instauró una demanda de nulidad contra la designación de los 17 exmiembros de las AUC como gestores de paz, por tergiversar el concepto constitucional de la paz y beneficiar a estos victimarios, sin darle prioridad a la reparación integral de sus víctimas.
Razón tiene Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, cuando afirma que los gestores de paz son un “maravilloso acuerdo de impunidad”.
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