Si el poder corrompe, como en Nicaragua, el poder absoluto corrompe absolutamente.
La dictadura sandinista de Daniel Ortega y su esposa-vicepresidente, Rosario Murillo, sepultó el Estado de Derecho al abolir la separación de poderes, cooptar el sistema de justicia y capturar el poder legislativo y electoral. Desde el inicio de su regreso al poder hace 14 años, Ortega contó con el apoyo del sector privado representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, y la complacencia de la Iglesia Católica.
De hecho, el modelo de Diálogo y Consensos fraguado entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores, que imperó en los primeros años de su autocracia, le permitió a Ortega consolidar un nuevo contrato social de corte asistencial y populista -por cierto, similar a la propuesta de Petro-, que en aquellos años financiaron con los generosos recursos provenientes del chavismo venezolano calculados en 500 millones de dólares anuales.
El Cosep tenía por esas calendas estatus oficial en las juntas de supervisión de más de una docena de instituciones públicas y público-privadas. Esta alianza de tres puntales —Estado, Iglesia y empresarios— fue muy eficaz para obtener el apoyo inicial del pueblo y la elite nicaragüense, que ahora se rasga las vestiduras al comprobar la verdadera naturaleza somocista del sátrapa centroamericano. Carácter espléndidamente retratado por Gabriel García Márquez en un delicioso artículo publicado por El País de España en 1981, titulado “Algo más sobre literatura y realidad”. Escribía entonces el nobel colombiano, que “Anastasio Somoza, en Nicaragua, tenía en el patio de su casa un jardín zoológico con jaulas de dos compartimientos: en uno, estaban las fieras, y en el otro, separado apenas por una reja de hierro, estaban encerrados sus enemigos políticos”. El déspota nicaragüense de nuestro tiempo, Daniel Ortega, persigue con igual ferocidad y determinación a sus detractores, como lo demuestran los hechos recientes de asedio y encarcelamiento de sus opositores, incluidos cinco candidatos presidenciales.
La tiranía nepotista de Ortega y Murillo preparó con antelación su batería legal de represión estatal para silenciar a la oposición, amedrentar a los medios de comunicación, criminalizar a los defensores de los derechos humanos y garantizar, por quinta vez, su permanencia en el poder en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. La Ley de Agentes Extranjeros, denominada ‘ley Putin’, inspirada en la legislación rusa de 2012 sobre agentes extranjeros, requiere que los grupos o personas que reciban fondos del extranjero se registren o enfrenten incautaciones de activos y prohibición de sus actividades. La autocracia de Ortega promovió también la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, conocida como ‘ley mordaza’, la cual amenaza con penas de cárcel a cualquier persona que utilice la tecnología de la información para supuestamente “difundir información falsa o distorsionada que produzca alarma, terror o malestar en la población”.
Lord Acton tenía razón. Si el poder corrompe, como en Nicaragua, el poder absoluto corrompe absolutamente.
Марк
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