Foto de archivo. Un comerciante muestra un trozo de roca con oro en el pueblo de San Antonio, en una zona montañosa cerca del municipio de Buriticá en el noroeste de Antioquia, Colombia, 19 de octubre de 2013. (Foto: Raul Arboleda/AFP)
POR SABINA NICHOLLS/DIÁLOGO
MAYO 25, 2023
Colombia es hoy el 16.º mayor productor de oro en el mundo y tercero en Latinoamérica, según el ranking mundial Statista. Sólo en el 2022, el país exportó 70,7 toneladas de oro por valor de USD 2975 millones, según cifras de la Agencia Nacional de Minería de Colombia. Después del petróleo, el carbón y el café, el oro es el cuarto producto de mayor exportación en Colombia.
En los últimos años el precio del oro se ha incrementado. Su valor pasó de USD 340 la onza en marzo del 2013 a USD 1912 al finalizar marzo de 2023 en el mercado internacional. Es decir, que, en apenas una década, el oro aumentó su valor en un 560 por ciento. A la vez la demanda también se acrecentó y llegó a su punto más alto en el 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro.
Estas cifras podrían ser una excelente noticia para cualquier país minero, pero como no todo lo que brilla es oro, para Colombia representa un enorme desafío. La ilegalidad que se mueve alrededor de la producción del oro, impulsada principalmente por grupos criminales, opaca el brillo del oro colombiano convirtiéndolo en amenaza para la seguridad nacional e internacional y para el medio ambiente.
Oro en manos de grupos armados ilegales
El incremento en el precio del oro se ha convertido en un atractivo negocio para los grupos armados ilegales que han visto en la explotación y exportación aurífera una gran oportunidad para financiar sus actividades al margen de la ley.
De acuerdo con fuentes especializadas, grupos integrados por antiguos paramilitares, las llamadas disidencias de guerrillas y delincuencia común, con el preciado mineral, están adquiriendo millonarios ingresos para financiar sus actividades criminales y desatando al mismo tiempo altos índices de violencia entre mineros y pobladores, además de un muy preocupante impacto ambiental.
A mediados de 2022, la Contraloría General de la República de Colombia, máximo órgano de control fiscal del Estado, lanzó su voz de alerta cuando afirmó que el 85 por ciento del oro que exporta Colombia es producto de la minería ilegal. Una cifra preocupante, más aún ante la alta presencia de grupos armados en zonas donde se extrae el oro colombiano, lo que autoridades e investigadores conocen bien.
Leonardo Güiza Suárez, director del Centro de Innovación Minero y Ambiental de la Universidad del Rosario en Bogotá, dijo a Diálogo que “en solo dos de los 350 municipios donde se estima se extrae el oro no hay presencia de estos grupos; estos son California y Veta en el departamento de Santander. El resto está bajo control del grupo guerrillero [Ejército de Liberación Nacional], disidencias de las guerrillas [de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y las disidencias de los antiguos paramilitares, que conforman las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y se conocen como Clan del Golfo”.
La Procuraduría General de la Nación, instancia que además de investigar irregularidades de funcionarios públicos y de particulares que ejercen funciones públicas, actúa como garante de los derechos colectivos de la ciudadanía, confirma esta situación. “En Colombia hay cinco departamentos que se destacan por minería ilegal, estos son Cauca, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Chocó y son los territorios con mayor presencia e incidencia de grupos armados”, dijo a Diálogo Gustavo Guerrero, procurador ambiental.
Igualmente llama la atención que en las zonas donde hay explotación de oro también existan cultivos ilícitos. “De los 101 municipios donde hay oro de aluvión –que se extrae de arenas y gravillas a cielo abierto– 70 reportaron cultivos de coca”, dijo a Diálogo Sandra Rodríguez, analista en Imágenes Satelitales de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Todo este panorama se atribuye a la expansión de la minería ilegal en manos de grupos criminales. El fenómeno es tan serio que expertos, funcionarios y organizaciones internacionales, aseguran que esta actividad ha reemplazado al tráfico de cocaína como principal sustento y motor de las actividades criminales de los grupos armados.
Para la Defensoría del Pueblo, el oro como actividad criminal está desbordado y el grupo armado ilegal que más ha sacado beneficio es el Clan del Golfo. “Esta organización se ha fortalecido; en tan solo 8 meses pasaron de tener presencia y control de 12 a 20 departamento en el país y en la mayoría de ellos hay oro”, señala Carlos Camargo Assis, máxima autoridad de esta institución. “Es tal la capacidad expansiva y extorsiva del Clan del Golfo que han afectado la operación y seguridad de varias multinacionales mineras que tienen presencia en el país”, agregó.
Mucha rentabilidad, poco riesgo
El oro se convirtió en la actividad de financiación más apetecida por delincuentes y grupos armados, debido a las incuantificables ganancias que obtienen con su extracción y comercialización ilícita, así como el poco riesgo que conlleva frente a otras actividades ilegales.
Según cifras de la Contraloría de la República mientras un kilogramo de coca en el mercado colombiano se acerca a los USD 1150, un kilogramo de oro supera los USD 57 000. Es decir, que el oro es hasta 50 veces más rentable que la cocaína. “Este negocio está disparado. La minería ilegal deja más plata que la coca; no hay duda de que el oro le ganó a la cocaína”, agregó el experto en minería Güiza.
Las ganancias ilegales son alarmantes. Según un informe de la UNODC, los grupos armados ilegales colombianos generan cerca de USD 1900 millones anuales por las exportaciones de cocaína o un 35 por ciento menos de sus ingresos por el oro ilegal, que según datos de la Defensoría del Pueblo se estima puede alcanzar los USD 3000 millones anuales, prácticamente los mismos ingresos que reportó Colombia por sus exportaciones de oro en el 2022 por valor de USD 2975 millones.
Sin duda, el alza en el precio del oro puede explicar el auge de la minería ilegal al interior de las economías ilícitas, pero otras razones lo convierten también en un producto menos riesgoso que la cocaína y por ende más atractivo.
“En primer lugar la punibilidad de la extracción ilícita es muy baja, es un delito excarcelable, mientras que la coca tiene extradición”, señaló de nuevo Güiza. “En segundo lugar, el oro no es un producto ilegal en sí mismo. Cualquier persona puede transportar 3 gramos de oro en su bolsillo sin que esto represente ninguna actividad ilegal, mientras que 3 gramos de cocaína si son un delito. Y, en tercer lugar, el oro es tremendamente susceptible al lavado de activos. Los grupos armados venden coca y con ese dinero compran oro, el oro es legal. Se han identificado cerca de 50 formas diferentes de lavado de activos a través de la minería ilegal de oro (…); no es negocio traficar el oro, el negocio es lavar con oro”, puntualizó Güiza.
Ahora bien, ¿cómo se puede lavar dinero con oro? Según la Fiscalía General de Colombia uno de los principales mecanismos es a través de la constitución de empresas fachada, como por ejemplo la conformación de comercializadoras internacionales para la exportación del oro.
“A través de estas comercializadoras se falsifican documentos para certificar el origen del oro. El oro extraído ilegalmente se hace pasar como oro producido por mineros artesanales –a quienes la ley les otorga el derecho a comercializar 420 gramos anuales para su subsistencia– sin embargo, hemos comprobado que los supuestos mineros artesanales a quienes les compraron fallecieron antes de la supuesta negociación o simplemente nunca existieron,” dijo a Diálogo Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía de la Nación. “También usan títulos de mineros que corresponden a minas en desuso, que han sido clausuradas o que aún no entran en producción”, agregó Bahamón.
“Mediante esta actividad ilícita los grupos criminales obtienen multimillonarias sumas de dinero que son canalizadas a través de las divisas por los intermediarios del mercado cambiario, con ocasión a las exportaciones realizadas y que le dan visos de legalidad”, dijo Bahamón. “Desde el 2022 hemos imputado a 42 personas por lavado de activos a través de la minería ilegal por un valor de 16 billones de pesos [unos USD 3500 millones],” concluyó la fiscal Bahamón.
Dentro de todo este entramado se suman los avances de la lucha contra el narcotráfico que han hecho a los grupos criminales volcar su mirada hacia otras mercancías ilícitas. Así lo destaca un informe de la UNODC, en el cual reconoce que los logros del Estado colombiano en su lucha contra el narcotráfico han aumentado los costos y los riesgos ligados a esta actividad. “Esto ha obligado a los grupos criminales a reorientar sus fuentes de financiación en busca de mercados ilícitos donde sea más difícil seguir la huella y tengan mayor rentabilidad. Si están dispuestos a cambiar las rutas del narcotráfico también están dispuestos a reemplazar la mercancía”, añadió Güiza.
Esto no quiere decir que no se hayan implementado medidas, ni se hagan grandes esfuerzos para combatir la minería ilegal. A inicios de 2021, las Fuerzas Militares de Colombia lanzaron el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), una unidad especializada para combatir la producción de cocaína, la minería ilegal y los grupos armados que realizan esas actividades.
La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR) de la Policía Nacional de Colombia también combate este delito, y según cifras proporcionadas a Diálogo en el 2022 se llevaron a cabo 578 operativos y se incautaron 65 kilogramos de oro que representan un valor de USD 3.8 millones.
Sin embargo, las operaciones para desmantelar el aparato de extracción ilegal en una mina son mucho más complicadas que los esfuerzos para la erradicación de la coca, y esto sin duda ha hecho más vulnerable a la minería ilegal. “Se necesita mucho dinero, helicópteros y artillería pesada para desmantelar una mina. La mayoría de las minas quedan en lugares selváticos con muy difícil acceso, es muy complejo”, agregó Güiza.
Negocio redondo: mercurio, vacunas y otras actividades ilícitas que florecen al lado del oro ilegal
A los altos ingresos que reciben los grupos criminales por el oro ilegal se suman otras jugosas actividades que junto a la extracción ilícita están enriqueciendo a estos grupos criminales, a la vez que destruyen bosques, contaminan ríos y con la consecuente pérdida de ecosistemas; empobreciendo así a Colombia.
Uno de ellos es el contrabando de mercurio. Este insumo tan indispensable para la extracción de oro fue prohibido en Colombia en el 2018. Sin embargo, se sigue utilizando como si no hubiera restricción alguna. Su importación ilegal ha venido creciendo en los últimos años de la mano de las bandas criminales que controlan el mercado del oro ilegal. “Lo importan principalmente desde México, que es el mayor productor de mercurio y lo hacen a través de los mismos canales que utilizan para la exportación de coca. Es un intercambio de mercancías”, comentó Güiza.
Según datos del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNED), Colombia es el país con más emisiones de mercurio per cápita en el mundo y el tercero que más contamina con este mineral a nivel global después de China e Indonesia, emitiendo aproximadamente 75 toneladas anuales del mineral al medio ambiente.
“La minería ilegal es la mayor causante de este flagelo y está acabando con las fuentes hídricas de nuestro país,” dijo el procurador ambiental Guerrero. “Aproximadamente 1150 fuentes hídricas cruzan municipios con minería ilegal de oro, y de ellas 232 fuentes hídricas pasan por municipios donde ya se han detectados casos de intoxicación con mercurio”, agregó Guerrero.
Dentro de los grupos más afectados están los niños de primera infancia. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud, concluyó al evaluar 150 mujeres lactantes en municipios auríferos, que el 39 por ciento de ellas tenían concentraciones elevadas de mercurio. “Esto es un impacto muy grave para la salud. El mercurio aumenta las posibilidades de desarrollar trastornos neurológicos y complicaciones en el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida”, comentó Guerrero.
A todo este desafortunado impacto ambiental se suma el efecto cultural y económico que tiene la contaminación por mercurio. Otro estudio también realizado por el Instituto Nacional de Salud encontró que, en Ayapel, departamento de Córdoba, de 45 especies de peces estudiadas, un 42,2 por ciento superó la concentración máxima permitida por la Organización Mundial de la Salud. “El mercurio está generando una crisis para las poblaciones cuya alimentación y sustento son los peces; ya no consumen el pescado y mucho menos lo venden”, añadió el experto en minería ilegal e investigador principal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogotá Christoph Kaufmann.
La situación es tan preocupante que la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, convocó en enero de este año la primera Mesa Nacional para atender esta crisis socio ambiental. “Estamos construyendo mesas territoriales de control de mercurio y realizando trabajo de campo con el fin de presentar un diagnóstico y tomar urgentes medidas de acción”, dijo Guerrero.
Vacunas que enriquecen y máquinas que destruyen
Otra manera de obtener beneficios ilícitos es a través de las llamadas “vacunas”, una especie de “impuesto” o suma de dinero, que los grupos armados cobran arbitrariamente, a quién quiera participar en la exploración de oro en zonas bajo su control. “Hay miles de familias en Colombia que viven de la minería artesanal; pero los grupos armados los extorsionan para que puedan realizar sus actividades y de esta manera se ganan un porcentaje de la producción”, comentó Kaufmann.
Según el informe de la Organización de los Estados Americanos, La Minería Ilegal: El caso de Colombia, los grupos delictivos estarían obteniendo ganancias de entre un 5 por ciento o 10 por ciento de la producción de oro a través de las vacunas. Sin embargo, el informe también resalta que si bien la extorsión ha sido un método empleado por estos grupos criminales cada vez más están participando directamente en la actividad minera ilegal.
Otro método para enriquecerse es la importación ilegal y venta de maquinaria pesada que se requiere para la extracción del oro. “No hay duda, cada vez se ve más como estos grupos financian la obtención de retroexcavadoras y otros equipos, incluyendo explosivos necesarios para la extracción ilícita con la que están arrasando los bosques de nuestro país”, añadió Kaufmann.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia destacó que en 2021 se deforestaron 174 104 hectáreas que corresponden a 2419 hectáreas más que en el año anterior. Si bien no toda la deforestación es fruto de la minería ilegal, si lo es un alto porcentaje. “En lo que respecta la minería de aluvión, el 71 por ciento de las pérdidas de bosques y vegetación coincide con los territorios de explotación ilícita”, dijo Rodríguez, analista de UNODC.
Una situación muy alarmante, dado que se está destruyendo el mayor ecosistema del país. Según Rodríguez, “el 99 por ciento de la explotación ilícita de oro de aluvión se ubica en zonas de reserva forestal”.
“Son zonas con alta biodiversidad y que ya han perdido toda la capacidad del suelo para recuperarse. Es de gran preocupación pues nunca volverán a cumplir los mismos servicios ecosistémicos”, agregó Rodríguez.
A los efectos medioambientales se agregan otros delitos que vulneran los derechos humanos como la trata de personas. “Alrededor de la minería hay una cadena criminal muy amplia, no sólo está la producción y venta del oro o los insumos relacionados con esta actividad ilícita, sino que también hay prostitución y trabajo forzoso, incluso de niños. La trata de personas es la tercera fuente de financiación de los grupos armados ilegales y aprovechan estos terrenos para crecer su negocio”, señaló el defensor del pueblo Camargo.
Control al descontrol
Conocer con certeza de dónde proviene el oro que Colombia vende al mundo es un gran reto. No sólo el metal precioso que comercia en el mercado interno, sino también el que el país exporta. Pues en últimas, se hace uso de este metal sin saber realmente en manos de quién estuvo ni cómo se extrajo.
Basta sólo con revisar algunas cifras que sorprenden como por ejemplo la marcada diferencia entre la producción de oro y las exportaciones. En el 2021, según datos de la Agencia Nacional de Minería, se produjeron 55,3 toneladas de oro, pero se exportaron 79,4 toneladas. ¿De dónde salieron las 24,1 toneladas restantes?
Según el grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity (GFI), especializado en los flujos financieros ilícito, entre 2010 y 2018 las exportaciones reportadas por Colombia, frente a las importaciones reportadas por los países con los que se comercializa oro de forma legal, no coinciden y dejan un vacío de USD 5600 millones –dinero que no se refleja en los ingresos de la nación y muy probablemente, se quedó en manos de actores ilegales.
El medio estadounidense The New York Times en la serie documental The Weekly deja al descubierto cómo la ilegalidad del oro es más difícil de rastrear que otras materias primas como los diamantes y las drogas y hace referencia al oro colombiano en particular. En el documental se expone el caso de las tarjetas madres indispensables para el uso de los celulares, y señala que para que estas funcionen se necesita oro. Oro, que según está publicación proviene en muchos casos de la minería criminal, sin embargo, nadie lo sabe.
La situación es tan compleja, que la financiación de las actividades ilícitas de los grupos armados en Colombia a través de la minería ilegal de oro se ha llegado incluso a comparar con los diamantes de Angola y la extracción de jade en Afganistán.
La trazabilidad de las operaciones auríferas es un reto para Colombia. La ilegalidad y criminalidad que se mueve en torno al mercado del oro ha llevado a un descontrol de la producción y comercialización de este metal, generando una amenaza para la seguridad internacional al ser una fuente de financiación de los grupos armados ilegales.
Ante la urgencia para atacar este flagelo, la Agencia Nacional de Minería junto con el Ministerio de Minas y entidades internacionales como el Banco Inter Americano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se han unido para crear una plataforma que permita la trazabilidad, de principio a fin, de las transacciones comerciales que se hacen con el oro y determinar la legalidad de su procedencia.
“Se está desarrollando un sandbox regulatorio que no tiene antecedentes en el sector minero a nivel mundial para conocer a tiempo real la procedencia del oro que se compra y se vende, impidiendo que se manipule la documentación para su posterior exportación,” dijo a Diálogo José Alveiro Goyeneche, analista líder de este proyecto. “Lo que sucede normalmente es que la procedencia del oro se va ajustando a lo largo de la cadena comercial para darle apariencia de legalidad, pero con esta plataforma las actividades comerciales quedan trazadas en una base de datos que permite identificar donde se están generando acciones fraudulentas,” concluyó Goyeneche.
