La ordalía es una prueba ritual usada en la antigüedad para establecer la inocencia de los acusados. Su origen se remonta a la oscura noche de los tiempos en la Edad Media, en la cual la ordalía por agua era practicada para absolver o condenar a los imputados. De acuerdo con los recuentos históricos de entonces, bastaba con inmovilizar al procesado para luego echarlo al agua de un río, aljibe o al mar. Si flotaba era considerado culpable, o si, por el contrario, se hundía, era declarado inocente.
El razonamiento era muy sencillo: se asumía que el agua estaba dispuesta a acoger en su cauce a un inocente, mientras que rechazaba al culpable. Se advertía, sin embargo, que existía el peligro de que el inocente se ahogara, pero esto no le preocupaba a los jueces del oscurantismo europeo, que buscaban su propia verdad. No sorprende que las ordalías de aquellos aciagos días fueran conocidas como juicios de Dios sin apelación, acorde con el ordenamiento legal de la época.
Han pasado varias centurias desde aquella era de bárbaras naciones. Sin embargo, la figura del ahogamiento público no ha desaparecido del todo. Hace seis meses, un grupo de poderosos industriales, agazapados detrás de sus cámaras alimenticias, se vino lanza en ristre contra el sector agropecuario. Todo comenzó con arroz, el cereal más importante del país desde tiempos inmemoriales. A sus productores se les endilgó, injustamente, la responsabilidad por los brotes inflacionarios de comienzos de año, lo cual se podría solventar –argumentaban– con mayores importaciones perfeccionadas, semanas antes del inicio de la cosecha de mitaca. Con el pasar de los días y el apoyo del Ministerio del ramo, se pudo desvirtuar este infundio, al declarar que había abastecimiento normal a nivel nacional.
La tanda siguiente le tocó al azúcar, cultivo comercial, con más de 150 años de historia en el país. En este frente, los sospechosos de siempre, argumentando que requerían materias primas a precios competitivos, juzgaron que las políticas de protección y estabilización gubernamentales, amparadas por la Constitución Nacional, eran las causantes de los elevados precios domésticos, como si en Colombia no existiera el ‘costo país’. Su aspiración es entregarles nuestro mercado a los brasileños, los mayores productores y exportadores de azúcar subsidiada del planeta.
A ello se suman las saetas lanzadas por la industria de grasas contra la palma de aceite. Y la sospechosa filtración de un informe oficial sobre supuestas prácticas anticompetitivas de los azucareros.
Asocaña rechazó las imputaciones y pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación hasta el final de la investigación; la Andi exigió respeto al debido proceso y solicitó que “no se calificara de manera precipitada a las compañías del sector como un cartel, como ha ocurrido en algunos medios de comunicación. No podemos condenar a priori a los investigados, práctica que ha hecho carrera en nuestro país”.
¡No más ordalías agropecuarias!
