La reaparición de la fiebre aftosa en Arauca evidencia las graves falencias del ICA en la prevención y los controles.
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, fue creado conforme al Decreto 1562 de 1962, como un establecimiento público nacional de naturaleza técnica y científica, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
De acuerdo con el Decreto 4765 de 2008, por medio del cual se modificaron su estructura organizacional y sus lineamientos misionales, el ICA tiene como objeto fundamental “contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario”, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios de animales y vegetales, la protección de la salud humana, animal y vegetal, así como la admisibilidad internacional de nuestras exportaciones.
En los últimos 10 años, el ICA se ha convertido en la entidad más opaca y politizada del país. El Índice de Transparencia, que realiza habitualmente la Corporación Transparencia por Colombia, confirma que el ICA se desplomó del honroso segundo lugar, obtenido en el periodo 2007-2008, al lamentable puesto 68 entre las 75 entidades oficiales evaluadas en el bienio 2016- 2017, con lo cual el riesgo de corrupción se transformó de “moderado’ en “alto”.
En la presente década, el ICA se ha tornado en un fortín burocrático nacional y regional, con lo cual se ha deteriorado su capacidad de acción preventiva y de gestión sanitaria, dañado su anterior imagen técnica y afectado la defensa del estatus sanitario nacional.
De acuerdo con mi trabajo de consultoría, preparado para la Misión Rural, titulado ‘Cuellos de botella del ICA’, la politización perjudica la designación de los técnicos en campo, que no tienen la competencia para sus funciones, con el consecuente incremento de los riesgos sanitarios. La ‘política’ es el tomador de decisiones por excelencia, instancia que no responde a las necesidades técnicas de un aparato productivo globalizado, ni entiende la importancia de la admisibilidad sanitaria. Esta situación se ve agravada por el gran número de contratistas sin conocimiento científico y rotación laboral, modelo que contribuye a la preocupante pérdida de confianza y de pericia técnica en el manejo institucional de la autoridad sanitaria más importante para la agricultura colombiana.
Hace 20 años, la Ley 395 de 1997 estableció la erradicación de la fiebre aftosa como una “prioridad sanitaria de interés social nacional”, en la cual participaron, exitosamente, Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado hasta el 2015. Por razones políticas, el Ministerio de Agricultura asumió, al año siguiente, el control de las contribuciones parafiscales ganaderas y confió la vacunación a la Cuenta Nacional de Carne y Leche a través de Fiduagraria.
La reaparición de la fiebre aftosa en Arauca evidencia las graves falencias del ICA en la prevención y los controles especiales exigidos en la zona de frontera con Venezuela. La emergencia sanitaria resultante de esta enfermedad exótica viral altamente contagiosa, se tradujo en la suspensión temporal del estatus de ‘país libre de aftosa con vacunación’, certificado desde diciembre de 2009 por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y en el súbito naufragio de las exportaciones cárnicas.
