Auditoría concluye que “las obligaciones se encuentran vencidas y las gestiones del Banco aún no permiten vislumbrar la recuperación de recursos”.
Hace tres años el entonces presidente del Banco Agrario de Colombia, el abogado sucreño Álvaro Navas Patrón, decidió ‘reinventar’ la entidad y dirigirla prioritariamente hacia la financiación de obras de infraestructura, en desmedro de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Desde entonces, el Banco Agrario –cooptado por la politiquería– financia y concede garantías a varios consorcios que desarrollan proyectos de ingeniería, entre los cuales sobresale la controvertida operación bancaria por valor de $120.000 millones a favor de la empresa Navelena para la recuperación del río Magdalena, cuyos socios son la compañía brasileña Odebrecht, con el 86,7 por ciento, y Valorcon, de la familia Gerlein, de Barranquilla, con el 13,3 por ciento restante.
El crédito del Banco Agrario a favor de Navelena fue aprobado por la junta directiva el 12 de noviembre del 2015, cuatro meses después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil, condenado a 19 años y 4 meses prisión por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras, a cambio de contratos. La maniobra financiera del Banco Agrario siguió su curso, pese a las oportunas advertencias del Vicepresidente de Riesgos relacionadas con “los problemas que venía enfrentando la firma Odebrecht en Brasil” y a las inhabilidades definidas para contratar por 20 años del Estatuto Anticorrupción en los casos de soborno transnacional.
De acuerdo con la denuncia pública del senador Jorge Enrique Robledo, fundamentada en el informe de la Oficina de Auditoría Interna del Banco Agrario, elaborado entre el 23 de enero y el 3 de febrero del 2017, la solicitud de financiamiento ingresó el 26 de agosto del 2015 como un crédito de inversión por valor de $100.000 millones, cifra inferior al monto aprobado por la junta directiva de $120.000 millones, desembolsado luego como un crédito de capital de trabajo confeccionado a la medida de Navelena, con una tasa de interés preferencial sin la requerida autorización del Comité de Gestión y Tasas.
A lo anterior se suman hechos igualmente graves como la omisión por parte de ejecutivos del Banco de las condiciones de respaldo y garantía aprobadas por la junta directiva para el desembolso del crédito a Navelena, según las cuales se debía “establecer formalmente y de manera irrevocable la prelación del pago del servicio de la deuda a favor del Banco Agrario de Colombia” en el contrato con la Fiduciaria de Occidente; la elaboración de conceptos legales posteriores a su aprobación, que procuraban sustentar la inexistencia de inhabilidades legales para contratar con Odebrecht en Colombia; la presentación extemporánea, sin documentos de soporte, de las actas de la junta y los comités del Banco vinculado al Ministerio de Agricultura, que instauró acciones penales.
La auditoría concluye que “las obligaciones se encuentran vencidas y las gestiones del Banco aún no permiten vislumbrar la recuperación de los recursos en el corto plazo”. ¡La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría deben proceder sin demora!.
