Las entidades oficiales del sector externo colombiano son un verdadero obstáculo al comercio exterior. Esta es la principal conclusión de un reciente estudio publicado por el Banco de la República en la serie de Borradores de Economía, titulado ‘Las instituciones en el sector externo colombiano: ¿apoyo o escollo al comercio?’, cuyos hallazgos hacen parte de una investigación apadrinada por la Corporación Andina de Fomento.

El estudio en cuestión demuestra que las malas instituciones son un verdadero impedimento para desarrollar un sector exportador dinámico y diversificado, mientras que las buenas generan ventajas comparativas a nivel internacional que les permiten a los exportadores ajustarse oportunamente a las fluctuaciones de la tasa de cambio y aprovechar las bondades de los mercados globales.

La evaluación mencionada observa que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), es el ente gubernamental encargado de la formulación y coordinación de la política de comercio internacional, en desarrollo de los lineamientos definidos por la Presidencia de la República, cuyo “mandato legal se incumple por varias razones”, entre ellas, “la falta de control de la política comercial por parte del MCIT, que se traduce en una promulgación excesiva de normas que entraban el comercio exterior”.

Para comprobar que el “poder está en el trámite”, la investigación analizó los diferentes procedimientos e instituciones que controlan el comercio exterior colombiano; identificó, así, 26 trámites solicitados por 18 entidades diferentes, que a la postre se convierten en 13 documentos exigidos para exportar, en contraste con tan solo 6 instrumentos requeridos en otros países de tamaño similar, o de nivel económico comparable, acorde con el Banco Mundial. La publicación, auspiciada por el Emisor, concluye que los requisitos visibles e invisibles de exportación, que hacen parte del actual funcionamiento institucional y normativo del sistema nacional de comercio exterior, entorpecen, hacen lento y muy costoso exportar en Colombia.

Al evaluar la calidad normativa por criterios, el estudio considera que el Ministerio de Comercio tiene la mejor calificación por accesibilidad y divulgación, mientras que la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera son las entidades de peor desempeño, derivado de su complejidad y falta de transparencia, cuya actuación se traduce en “un impuesto a las exportaciones colombianas”.

Las anteriores consideraciones deberían ser fuente de honda preocupación por parte de las autoridades de comercio exterior, que siguen empeñadas en un modelo errado y anacrónico de apertura hacia adentro. Prueba de ello es lo ocurrido en el seno de la Asamblea Nacional de la Andi –gremio de industriales y mineros del país–, en la cual el Gobierno despachó a las volandas las fundadas críticas de su cúpula directiva por la carencia de una verdadera política industrial, con una rebaja masiva de aranceles para que sus afiliados preserven su dependencia importadora, en lugar de incentivar la competitividad de nuestro aparato productivo, a fin de que los empresarios se decidan por los productos y exportaciones nacionales.