El Gobierno está trabajando a marchas forzadas para cumplir con los numerosos compromisos adquiridos con el movimiento campesino de las ‘dignidades’, suscritos en los últimos meses. Al examinar las diferentes actas refrendadas entre los funcionarios gubernamentales y los representantes de los movimientos campesinos e indígenas, sobresalen, de un lado, la complejidad de los diversos deberes oficiales pactados para levantar los paros agrarios, y del otro, la espada de Damocles que pende sobre un hilo, conforme a la cual, “si el Gobierno Nacional no cumple con estos acuerdos, mantendrán la protesta social”.
El Ejecutivo debe acatar a la letra lo convenido a la vera del camino con los diferentes actores del movimiento campesino, habida cuenta de que en lugar de estrechar –como correspondía– su relacionamiento con los gremios agropecuarios, empoderó políticamente a las ‘dignidades’ como interlocutores válidos en representación de la gente del campo colombiano.
Es imprescindible reconocer que si bien este proceso de concertación con las bases campesinas comenzó con el pie izquierdo, los ministerios de Agricultura y del Interior se la han jugado por entero desde el 7 de septiembre, con el propósito de honrar la intrincada red de compromisos convenidos previamente en el seno de las mesas regionales agropecuarias.
En efecto, el Gobierno promulgó en 45 días siete decretos, presentó dos proyectos de ley, anunció un tercero y publicó un borrador de una resolución del ICA, medidas que perfeccionan lo pactado en cuanto al financiamiento presupuestal de la Protección al Ingreso Cafetero (PIC) hasta finales del 2014; eliminación de aranceles e intervención de precios de fertilizantes y agroquímicos; creación de la comisión intersectorial de insumos agropecuarios; revisión de la institucionalidad del sector agropecuario; trámite de urgencia del proyecto para fortalecer la lucha contra la competencia desleal, el lavado de activos y la defraudación fiscal; refinanciación de pasivos; suspensión de la Resolución 970 del 2010 que establece los requisitos para el uso de semillas mejoradas; prohibición de rehidratación de leche en polvo importada para ser comercializada como leche; compra de la cosecha de papa y establecimiento de contingentes arancelarios –por dos años– para proteger la producción nacional de cebolla, fríjol, leche, lactosuero, tomate, arveja, papa, pera y queso fresco.
Nunca antes se ha hecho tanto en tan poco tiempo. Pese a ello, el movimiento de ‘dignidad papera’ amagó con regresar al campo para organizar nuevamente los paros rurales, pues consideraban que el Gobierno no les había cumplido.
La cuestión es que no todas las obligaciones son de pronta ejecución y otras son insostenibles, o incluso contraindicadas, reflejo del afán estatal para terminar rápidamente los paros sin medir sus consecuencias. Quizás llegó la hora para que el Gobierno se empodere también.
