El país recuerda con estupor el paro agrario de agosto del 2013, que en honor a la verdad, no debería repetirse. Las protestas rurales se esparcieron como pólvora a lo largo de 10 departamentos.
En las carreteras del país se presentaron 22 bloqueos permanentes y 18 puntos de concentración en los que participaron, en promedio, 45.000 personas, y se incendiaron decenas de vehículos particulares y de servicio público.
Los gremios agropecuarios, de transporte terrestre, distribución de combustibles y turismo reportaron pérdidas económicas aproximadas de 460 mil millones de pesos en las dos semanas de parálisis, generada por la protesta rural más grave de todos los tiempos.
No obstante lo anterior, el movimiento Dignidad Cafetera quiere repetir la historia y anuncia que iniciarán un nuevo paro agrario el 28 de abril, impulsados por el supuesto incumplimiento de los acuerdos negociados con el Gobierno.
Al escudriñar el avance de los compromisos oficiales pactados con los cafeteros, es evidente que en esta ocasión la organización rural no tiene razones para inmovilizar al país.
En el 2013, el Ministerio de Agricultura desembolsó más de un billón de pesos para proteger el ingreso de los cafeteros, azotados por la caída en las cotizaciones internacionales del grano y la revaluación del peso.
Para el 2014, el Ministerio de Hacienda asignó otro billón de pesos, recursos que gracias a la recuperación del precio del café y la incipiente devaluación del peso, han servido de red de seguridad para una eventual recaída en sus cotizaciones, o incluso una mayor revaluación.
El Banco Agrario realizó brigadas de cartera con el propósito de normalizar los créditos de los cafeteros, por medio de mayores plazos, exoneración de intereses para moras superiores a 90 días y suspensión de honorarios prejurídicos.
Los demás compromisos relacionados con la reducción de costos de los insumos para los cafeteros, formalización laboral, importaciones, contrabando de café y evaluación de los proyectos mineros-energéticos en zonas cafeteras, muestran avances acordes con la complejidad de los temas planteados.
En estas condiciones, resultaría irresponsable, e incluso políticamente incorrecto, continuar con el llamado a un paro agrario.
Ahora bien, el Gobierno debe asumir el costo político de sus actos. Como diría Thomas Sowell, pensador estadounidense, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, “uno de los tristes signos de nuestros tiempos es que hemos demonizado a los que producen, subsidiado a los que se rehúsan a producir y canonizado a los que se quejan”.
Llegó, por tanto, la hora de las rectificaciones y de acciones oficiales contundentes.
El Ejecutivo no debe proseguir como rehén de organizaciones no gubernamentales, ni puede aceptar el ultimátum permanente conforme al cual solo cumple sus compromisos cuando se organizan paros y protestas.
