Arzobispo de Cali deberá responder por quehaceres religiosos ante la justicia celestial, pero por sus palabras debería hacerlo en la jurisprudencia.
Durante la quinta Asamblea de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, agravió en forma temeraria e infundada al Gobierno Nacional del presidente Iván Duque por presuntamente cometer “una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios”. El arzobispo de Cali también sostuvo de manera falaz y sin fundamento, que desde la campaña presidencial de Iván Duque sintió “un espíritu de venganza contra el Gobierno [de Juan Manuel] Santos”, que lideró la desmovilización de la antigua guerrilla [DE LAS FARC]y “contra el pueblo que los acompañaba”.
La Nunciatura Apostólica en Colombia -sede diplomática del Vaticano en Bogotá- aclaró en un comunicado fechado el 7 de julio de 2020, que la “calificación de venganza genocida de la gestión gubernamental no corresponde a la visión que la Santa Sede tiene … de la aplicación integral de los Acuerdos de Paz del 2016”. La Nunciatura especificó que el término “genocidio tiene en el Derecho Internacional un significado preciso que no puede ser utilizado a la ligera”.
La Nunciatura Apostólica no aclaró, sin embargo, y, por tanto, presuntamente compartió las gravísimas y falaces censuras del arzobispo de Cali respecto del “espíritu de venganza” supuestamente desplegado por la presente administración contra el anterior Gobierno y los connacionales que lo apoyaron. Así pues, la Nunciatura Apostólica podría incurrir en una posible violación del Concordato, que sobre “bases de recíproca deferencia y mutuo respeto”, rige las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano. Resulta necesario, en consecuencia, conocer la posición oficial de la Santa Sede al respecto, mediante una nota diplomática de protesta, pedido de aclaraciones y rectificaciones, que debería ser remitida prontamente por la Cancillería colombiana al Vaticano.
Monseñor Luis Mariano Montemayor -nuncio apostólico en Colombia con rango de embajador- afirmó la semana pasada en una entrevista en el diario El Tiempo, que ‘no estaba molesto’ con las aseveraciones del arzobispo de Cali, asunto que redujo a un asunto semántico, a “un lenguaje excesivo, que no corresponde a la realidad”.
Ahora bien, la Conferencia Episcopal, que congrega a los obispos colombianos, sostuvo en un comunicado de igual fecha, que “las afirmaciones de Mons. Darío responden a una posición personal, que no reflejan el punto de vista oficial del episcopado”. Así las cosas, el arzobispo de Cali deberá responder por sus quehaceres religiosos ante la justicia celestial, pero por sus palabras como hombre de carne y hueso debería hacerlo frente a la jurisprudencia terrenal, cuya conveniencia debería evaluar el Ejecutivo como parte integral de la debida defensa de su buen nombre a nivel internacional. Inculpación, por cierto, falsa y serísima, que nos colocaría en el preámbulo de los crímenes más graves contra la humanidad, y por lo mismo, en las escalinatas de la Corte Penal Internacional.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
