Michael Stot sostiene en un reciente artículo publicado por el periódico Financial Times de Londres, que el auge del tráfico de cocaína ahora toca a la mayor parte de América Latina. La prueba reina es la violencia del narcotráfico, que va más allá de México y Colombia. Detrás de la alarmante propagación de delitos violentos originados por el narcotráfico, como el asesinato en Cartagena del jefe antidrogas de Paraguay, el rastro de sangre de 14 cuerpos quemados en Uruguay, los 187 reclusos asesinados en una cárcel en Guayaquil y los 6 cuerpos ajusticiados y embolsados en Bogotá, sobresale el comercio multinacional de la cocaína. Los jefes de los cárteles mexicanos buscan nuevas rutas para llegar a nuevos mercados. En opinión de Jimena Blanco, jefa de investigación política para las Américas en Verisk Maplecroft, “lo que estamos viendo ahora es la culminación de la globalización del tráfico de drogas”.
Guayaquil, conjuntamente con el puerto brasileño de Santos en Brasil y Puerto Limón en Costa Rica, son los principales embarcaderos usados para el envío de cocaína en los últimos años. Jeremy McDermott, director ejecutivo de InSight Crime, los denomina la “segunda ola de puertos del narcotráfico”, habilitados por la eliminación de la base militar norteamericana de Manta durante la presidencia de Rafael Correa. Paraguay, Uruguay y Chile son incorporaciones más recientes. Las cosas están tan mal, que prácticamente todas las 21 naciones continentales de la región son ahora “principales países de origen o tránsito” de cocaína, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los cárteles de la droga han ampliado sus rutas, aumentado el tamaño del negocio de la cocaína y diversificado sus empresas criminales. Ahora trafican con refugiados, extorsionan negocios, secuestran empresarios y comercian con madera y oro ilegal. Son violentos grupos de crimen organizado, como las mafias de los años cuarenta en Estados Unidos. Para combatirlos en toda su extensión, se requiere cooperación internacional y la aplicación del imperio de la ley, del Estado de Derecho, en lugar de la claudicación nacional.
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