El embajador en Washington, Francisco Santos, prendió las alarmas en torno a los compromisos de última hora del anterior gobierno con EE. UU.
El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, prendió oportunamente las alarmas en torno a los compromisos de última hora de la anterior administración con EE. UU, asumidos para garantizar el acceso de Colombia a la Ocde, determinaciones que calificó de “irresponsabilidad inmensa”. El embajador Santos aseveró en su entrevista con María Isabel Rueda, en El Tiempo de esta semana, que “la ministra de Comercio de la época, María Lorena Gutiérrez, firmó una carta en la que dice que no utilicemos mecanismos de solución de disputas, como lo contempla el TLC, sino que sanciónenos como ustedes quieran. Es decir, pone en peligro las flores y todas las exportaciones importantes de Colombia”.
Ciertamente, el Representante Comercial estadounidense y la Ministra de Comercio colombiana intercambiaron sendas comunicaciones el pasado mes de abril, que además de renunciar a la defensa del interés nacional y coartar la soberanía del Congreso y la Corte Constitucional, modifican y condicionan erradamente el aprovechamiento del TLC.
El oficio de la entonces ministra Gutiérrez transcribe las exigencias norteamericanas, acepta su revisión cada sesenta días y confirma que sus designios constituyen un acuerdo de gobierno a gobierno en vigor desde el 24 de abril de 2018, pese a que no pasan por el Congreso ni la comisión administradora del TLC, como corresponde.
La nota de la entonces ministra Gutiérrez se refiere a dos arreglos, que en caso de incumplimiento, permiten la suspensión ilegítima de los beneficios del TLC en la forma como desee EE. UU. El primero tiene que ver con la imposición de una fecha límite, que va más allá de lo acordado en el TLC, para la eliminación al final de este año del mecanismo de reposición por desintegración física de camiones viejos, conocido como programa de chatarrización de camiones.
La actual ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó que había estado en Washington “solicitando una extensión del plazo del programa” y confirmó que “nos dieron hasta el 30 de junio del 2019, con el compromiso de que rediseñemos el programa con mejores condiciones”. Para resolver este lío, es recomendable proyectar e implementar un programa integral de reposición y control del parque automotor de carga, que fomente la asociatividad de los transportadores, establezca un esquema de incentivos monetarios y tributarios para su renovación, promuevan la competitividad, la protección del medioambiente y el uso de biocombustibles.
El segundo asunto tiene que ver con las obligaciones del capítulo 16 del TLC sobre derechos de autor, cuyo proyecto de ley se hundió en el Senado por yerros de trámite. La entonces ministra Gutiérrez –desconociendo el TLC y la Carta Magna– pactó la promulgación de dicha ley para el 30 de junio de 2018 y convino que la Corte Constitucional declararía su exequibilidad un año después.
Resulta fundamental explicarle a Estados Unidos que en Colombia, desde 1886, imperan la separación y la autonomía de estos poderes públicos, que le impiden al Ejecutivo comprometerlos oficialmente.