El Acto Legislativo condena la agricultura al oscurantismo tecnológico, al proponer cambios de la Carta Magna en contravía de la evidencia científica.
Algunos congresistas están empeñados en aprender errando. Lo peor es que tratan de justificar este método convencional de aprendizaje como aviso providencial de su desconocimiento sobre asuntos de trascendencia nacional como la innovación agrícola, esencia misma del reverdecer del campo. Este es el caso de los Representantes de la Cámara que promueven el Acto Legislativo No. 008 de 2020, por medio del cual quieren prohibir el ingreso, la producción, la comercialización y la exportación de semillas genéticamente modificadas.
El error es más grave aún al pretender justificarlo en nombre de la ciencia. Ciertamente, como sostiene el atinado concepto técnico del Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, dirigido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, equiparar las semillas genéticamente modificadas con armas químicas, biológicas y nucleares, sus residuos y desechos “es un error que no puede pasar desapercibido”. El Congreso no debe pasar de agache en lo concerniente a una verdad científicamente comprobada: las semillas genéticamente modificadas contribuyen a la seguridad alimentaria, aumentan productividad agrícola, reducen el uso de agroquímicos y participan en la regeneración ambiental del campo.
Un estudio realizado por Agroconsult y el Consejo de Información sobre Biotecnología de Brasil sobre los primeros 20 años del uso de transgénicos en la ruralidad de este gigante suramericano confirman lo anterior. Durante este periodo, la adopción de semillas genéticamente modificadas ha logrado aumentar las ganancias de los agricultores y fomentar las exportaciones agrícolas brasileras. En estas dos décadas, el desempeño diferencial de la productividad del maíz transgénico fue de 152 por ciento. En soya, los avances fueron de 26 por ciento respecto de la variedad tradicional. En el cultivo de algodón, las semillas transgénicas mostraron un margen superior de 12 por ciento sobre las no modificadas. La reducción en la aplicación de plaguicidas por hectárea fue de 36 por ciento para la soya, 18 por ciento para el maíz y 32 por ciento para el algodón. La siembra de cultivos transgénicos en Brasil evitó que se aplicaran 800 mil toneladas de agroquímicos.
El proyecto de Acto Legislativo condena la agricultura colombiana al oscurantismo tecnológico perpetuo al proponer cambios perennes de la Carta Magna en contravía de la evidencia científica, la innovación rural, e incluso, de su propio articulado, que les otorga prioridad constitucional a las actividades agrícolas. La realidad inobjetable es que los cultivos transgénicos en el mundo han aumentado 113 veces desde comienzos del presente siglo, al pasar de 1,7 millones de hectáreas en 1999 a 191,7 millones de hectáreas en 2019, crecimiento que acredita la extraordinaria evolución de los cultivos biotecnológicos en los albores del presente siglo.
Por último, el proyecto de Acto Legislativo “resulta innecesario”, como afirma en su concepto oficial el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, habida cuenta de que existen desarrollos normativos y técnicos que permiten abordar y valorar adecuadamente los alimentos generados a partir de la innovación biotecnológica.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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