El Ejecutivo debe prohibir las manifestaciones públicas durante la emergencia sanitaria.
El comité del paro ratificó la convocatoria a una nueva jornada para el 25 de marzo “en pequeñas concentraciones que garanticen el paro nacional y la protesta”, para lo cual “debe izarse la bandera nacional con cinta negra”, como una premonición del luto que puede originar tamaña irresponsabilidad a la luz de la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria colombiana.
Para no repetir la luctuosa historia del paro nacional del año anterior, debemos reconocer que encapuchados y marchantes causaron entonces violentos disturbios, cuatro muertos –tres en Cali y uno en Bogotá–, múltiples heridos, saqueos indiscriminados y vandalismo desaforado contra los bienes públicos y privados. Fenalco reportó pérdidas superiores a un billón de pesos y la reducción del 30% en la productividad laboral en el país.
Para distinguir entre la racionalidad y la realidad del comportamiento de los marchantes, acudimos a Cecilio Paniagua y Javier Fernández, quienes en su escrito “Psicología de masas” de 2007, sugieren que el ser humano en su individualidad no es consciente de la magnitud de su ‘sugestionabilidad’, por lo que desconoce hasta qué grado puede convivir con abiertas contradicciones que, inevitablemente, conducen al autoengaño. Ahora bien, el autoengaño, por sí mismo, puede captar un apoyo eficaz en la reverberación de la masa, la turba enardecida, la violencia descarnada y la cobardía de los encapuchados y sus papas bombas. En opinión de Paniagua y Fernández, “el individuo que forma parte de la masa en una manifestación, en una revuelta, puede llevar a cabo desmanes (saqueos, agresiones, violaciones), que su conciencia nunca le permitiría actuando solo”.
Las masas pueden comportarse de un modo violento en aras de supuestos ideales o de un petitorio, que se antoja razonable así sea utópico o irrealizable, como ocurre con las 135 pretensiones del comité nacional del paro. Para contrarrestar los remordimientos inherentes a los actos de violencia derivados de las manifestaciones sociales, los protestantes recurren al injusto señalamiento e infundadas provocaciones del Esmad para conseguir sus objetivos de desestabilización del establecimiento.
En una manifestación solo se requiere unos pocos encapuchados dispuestos a cometer actos de violencia para comprometer al Estado e incitar a las autoridades a que causen percances a personas al parecer inocentes, principio medular de la estrategia de masas para fabricar mártires y victimización. La eficacia de su cuestionable accionar reside en provocar reacciones del Esmad que mortifiquen a la opinión pública. La población, impresionada, reclama la atención del Gobierno a favor de los marchantes. Cuando la autoridad es incapaz de restaurar el orden –por evitar el uso proporcional de la fuerza del Estado– incurre en descrédito político, valioso objetivo para los violentos encapuchados y sus instigadores foráneos.
El Ejecutivo debe prohibir las manifestaciones durante la emergencia sanitaria, y el Congreso debe regularlas y exigir que sean pacíficas sin la presencia de encapuchados.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
