Entre 2017 y 2022, en los municipios con cultivos de coca la población civil sufrió 2,8 veces más amenazas con respecto a los municipios sin coca.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reporta un incremento del 13% en el área sembrada con coca en el país, la cual pasó de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 hectáreas en 2022. La producción potencial de cocaína aumentó 24% de 1.400 toneladas métricas a 1.738 toneladas métricas en igual período, con lo cual se mantiene la tendencia alcista observada desde 2013. Ambos registros confirman máximos históricos por segundo año consecutivo, con lo cual se corrobora que el país se encuentra nadando en coca, especialmente en zonas cocaleras de mayor interés de los grupos armados ilegales.
El reporte confirma el aumento de la producción potencial de cocaína como resultado de la combinación de más hectáreas sembradas con coca, siembras con edades más productivas ubicadas en zonas con mayores productividades.
El informe identifica las zonas de mayor concentración de cultivos de coca. El 77% del incremento neto se aglutina en el Putumayo. Catatumbo es el enclave con mayor área de coca, el cual registra cerca de 28.000 hectáreas, que representan el 30% del total de los enclaves territoriales y el 12% del total nacional. Le siguen Tumaco y Puerto Asís, que aumentaron su área cocalera en más 6.500 hectáreas en el último año. Entre el 2018 y 2022, la coca creció 3,4 veces en Antioquia, Cauca, Choco y Putumayo. Las zonas de mayor concentración ocupan el 35% del territorio con coca entre 2013-2022 y abarcan el 82% del área cocalera. De acuerdo con Naciones Unidas, de los 1.122 municipios que tiene el país, 185 tienen presencia de cultivos de coca, 4 más que en el 2021, el 88% de los cuales han persistido más de 10 años.
La mitad de la coca se ha movilizado hacia zonas de manejo reservado para evitar las acciones disuasivas del Estado: 19% en tierras de comunidades negras, 15% en reservas forestales, 10% en resguardos indígenas y 5% en Parques Nacionales Naturales.
Las organizaciones criminales transnacionales de mayor nivel y violencia operan en las zonas de concentración como financiadores, compradores o promotores de mejoras en el proceso de producción y transformación productiva del alcaloide, con lo cual garantizan los aumentos observados en los niveles de productividad. Así mismo, estos carteles han establecido redes de tercerización de servicios rurales en las escalas regional y municipal, las cuales agencian el aumento de pequeñas organizaciones criminales en los municipios donde operan los mayores cultivadores de coca, que son precisamente donde hay más violencia. Existe, en efecto, un estrecho vinculo entre más coca y más violencia. Entre el 2017 y el 2022, según Indepaz, en los municipios con cultivos de coca la población civil sufrió 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios con respecto a los municipios sin coca.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
