Hacienda pretende imponerle un gravamen regresivo y discriminatorio a las bebidas azucaradas en la reforma tributaria.
Desde hace 10 años aflora una mano invisible que opera tras bambalinas contra del azúcar producido en nuestro país, pese a ser la principal y más antigua agroindustria nacional, número uno en productividad a nivel planetario y primera en Colombia en innovación e investigación aplicada, balanza comercial relativa, agricultura por contrato, energía renovable, cogeneración de energía, aporte al cambio climático, conservación de la biodiversidad, responsabilidad social, empleo formal de 188 mil trabajadores y pago de impuestos de los ingenios de 37.229 millones de pesos, en 48 municipios, en cinco departamentos en el 2015.
En febrero de 2016, al final de la negociación del TLC con Estados Unidos, representantes de la industria de chocolates del Sindicato Antioqueño manifestaron que “su único interés era importar azúcar de Brasil”, país que controla y subsidia la mitad de las exportaciones mundiales de azúcar. En la época, la industria exigía abastecimiento de “azúcar a precio internacional”, a sabiendas de que las cotizaciones de la bolsa de Nueva York rondaban los once centavos de dólar la libra, nivel inferior a los costos de producción local.
En el 2010 se triplicaron los precios internacionales de azúcar, con lo cual los industriales modificaron su estrategia para reclamar “materias primas a precios competitivos”.
En noviembre de ese año, los industriales convencieron al Gobierno para que expidiera el Decreto 4114, mediante el cual redujo el arancel fijo de azúcar a 15 por ciento. Después de meses de intensa presión industrial, el Comité de Asuntos Arancelarios, controlado por el Ministerio de Industria y Comercio, recomendó limitar el arancel máximo de azúcar a 70 por ciento en reunión virtual realizada irregularmente en agosto del 2015. Posteriormente, el Gobierno acogió esta recomendación para promover las importaciones de azúcar y expidió el Decreto 2293, que desprotege el azúcar colombiano cuando los precios internacionales caen.
En octubre del 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso draconianas sanciones por supuestas infracciones al régimen de competencia contra los ingenios y el derecho de asociación gremial de Asocaña, las compañías azucareras y sus ejecutivos, respecto de las cuales la Procuraduría General le abrió una investigación disciplinaria al Superintendente Delegado que condujo la investigación por presunto conflicto de interés. El Ministerio Público manifestó entonces, que “no se evidenciaba la rigurosidad fáctica y jurídica que sustente la gradualidad y dosimetría de la sanción” y “advirtió una violación al derecho a la defensa de los ingenios sancionados”.
En octubre del 2016, el Ejecutivo congeló el precio del bioetanol de caña. Ahora, Hacienda pretende imponerle un gravamen regresivo y discriminatorio a las bebidas azucaradas en la reforma tributaria, adicional al impuesto a las ventas, promovido por una ONG financiada por el billonario Michael Bloomberg, pese a que la Comisión de Expertos confirmó que “la implementación de este tributo es muy reciente y no cuenta con el tiempo suficiente para evaluar su impacto sobre la salud de la población”.
¡No más inquina azucarera!
