Con el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, el presidente Barack Obama promulgó el 29 de junio pasado dos leyes trascendentales que definen su legado comercial para el siglo XXI. La primera comprende las preferencias comerciales para los países en desarrollo y la asistencia gubernamental para los trabajadores desplazados por la globalización. La segunda abarca la Autoridad Comercial de Negociación (TPA), la cual le permite a Estados Unidos avanzar en la finalización de los acuerdos comerciales más ambiciosos de la historia, desde la creación de la OMC en 1995. Los tratados actualmente en remojo son los siguientes: Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), negociación de un TLC con 11 países de la región Asia-Pacífico, que incluye a Japón; Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (T-TIP), negociación de un TLC con la Unión Europea; Acuerdo de Comercio de Servicios (Tisa) y el Acuerdo de Bienes Medioambientales (EGA), concertado al amparo de la OMC. Estos acuerdos engloban las tres cuartas partes del PIB a nivel mundial.
Al examinar lo anterior, sobresale la autoridad negociadora, concedida por el Congreso de Estados Unidos al presidente Obama, emanada de la atribución conferida por la Sección 8 del Artículo I de la Constitución norteamericana, según la cual el Poder Legislativo tiene la facultad de “regular el comercio con otras naciones”. Cabe añadir que la Carta Magna de Estados Unidos no le otorga responsabilidad alguna en materia comercial al Presidente, pese a que el Artículo II le confiere el fuero exclusivo para convenir los tratados y conducir las relaciones internacionales.
La autoridad negociadora, aprobada por el Congreso estadounidense, es una obra maestra concebida originalmente en 1934, que le permite al Legislativo votar los tratados comerciales en plazos cortos y sin enmiendas, sujeto a que el Presidente cumpla sus finalidades y consulte antes, durante y después de terminar cada negociación. Además de establecer los objetivos de las negociaciones comerciales, entre los cuales se encuentran la expansión prioritaria de los mercados para las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos, el Congreso le otorga singular importancia al intercambio agropecuario, el cual debe incorporar oportunidades competitivas para sus exportaciones, substancialmente equivalentes a las que ese país concede en su mercado, así como periodos razonables de ajuste para la importación de productos sensibles.
La autoridad negociadora –concedida a 13 presidentes, desde Franklin D. Roosevelt– abre la puerta para la terminación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP); los planes de la administración Obama incluyen una reunión de los ministros de Comercio en un lugar secreto, que se realizaría este mes para definir los asuntos pendientes. Se rumora que Colombia, Corea del Sur y Taiwán han manifestado el interés de adherirse al TPP. En nuestro caso, la moratoria oficial impuesta a nuevas negociaciones, la preferencia por la apertura hacia adentro y la ausencia de consistencia sobre nuestro relacionamiento con la región Asia-Pacífico nos impiden avanzar en esa dirección.
