Las relaciones bilaterales serán de nuevo dominadas por el narcotráfico, lo cual se traducirá en mayores condicionamientos de política pública.
De tiempo atrás, México ha estado asociado a la definición global de la política comercial. El tratado suscrito entre Estados Unidos y el país azteca el 23 de diciembre de 1942 sirvió de inspiración para el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947 (GATT por sus siglas en inglés), texto que rigió los destinos del Sistema Multilateral de Comercio hasta diciembre de 1994. De análoga manera, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, firmado por Estados Unidos, Canadá y México el 17 de diciembre de 1992, se usó como troquel para las negociaciones de la Ronda Uruguay que le dieron vida a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que desde enero de 1995 mueve los hilos de la globalización a nivel planetario.
Ahora estamos a punto de ser testigos de excepción del inicio de una insólita era en la cual México jugará, otra vez, un papel estelar, habida cuenta de que para la administración Trump la renegociación del TLCAN es una prioridad para reducir el déficit comercial. Ciertamente, este complejo proceso político y económico tendrá serias consecuencias para el resto de la región, especialmente para Centroamérica y los países de Suramérica que producen drogas ilícitas, es decir, Colombia, Bolivia y Perú. Los principales asuntos que serán objeto de renegociación en el marco del TLCAN incluyen aranceles, reglas de origen, solución de controversias, inmigración, seguridad fronteriza con México (incluido el muro en frontera) y cooperación internacional contra el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
Si bien el Artículo 2202 del TLCAN permite modificaciones puntuales, es previsible que la administración Trump opte por una renegociación estructural de lo convenido hace 25 años para que sirva de modelo a la renegociación bilateral de los demás tratados comerciales, especialmente con aquellos países que generen déficit comercial significativo –además de China–, asunto que por ahora no atañe directamente a Colombia.
En este escenario, la administración Trump deberá acudir al Congreso para conseguir la aprobación de la autoridad de negociación (TPA en inglés) prevista en la Ley de Comercio de 1974, procedimiento que podría estar perfeccionado a finales del 2018.
Inicialmente, la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU. ha generado incertidumbre, desvío de inversiones y devaluación del peso mexicano; posteriormente, sobrevendrán las consecuencias negativas del alza de aranceles, aumento del costo del capital, impuestos variables en frontera, fractura de las cadenas globales de valor (automotriz, electrónica, maquinaria) y el ejercicio de la soberanía estadounidense en inmigración, estándares laborales, disputas comerciales y política antidrogas, cuyos desfavorables efectos rodarán aguas abajo contra la actividad económica centroamericana y colombiana.
Recordando que Colombia es el primer productor mundial de cocaína y el segundo abastecedor de heroína de EE. UU., las relaciones bilaterales serán de nuevo dominadas por el narcotráfico, lo cual se traducirá en mayores condicionamientos de política pública y recortes considerables de la ayuda estadounidense.
