El monopolio de licores en Colombia se fundamenta en la restricción constitucional de los derechos de la libre concurrencia en función del bien común.
El Congreso Nacional se encuentra a punto de aprobar un proyecto de ley de origen gubernamental, que elimina la discrecionalidad administrativa que sustenta el monopolio de licores y expide, en consecuencia, su certificado virtual de defunción.
Para comprender este asunto, es necesario tener en cuenta que según el Artículo 336 de la Constitución, los monopolios solo pueden establecerse como arbitrio rentístico, con fines de interés público y social. Su organización, administración, control y explotación están sometidos a un régimen especial fijado por ley. Las rentas obtenidas por el monopolio de licores están destinadas, preferentemente, a los servicios de salud y educación.
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 precisó el concepto de monopolio de licores como la concesión exclusiva aplicada al ciclo económico de producción, prestación, distribución y consumo. Por definición, el monopolio de licores implica la restricción discrecional, e incluso, la exclusión de los derechos de libertad de empresa e iniciativa privada, como consecuencia de las disposiciones constitucionales de intervención estatal en la economía.
Así, pues, el monopolio de licores en Colombia se fundamenta en la restricción constitucional de los derechos de la libre concurrencia en función del bien común.
Pese a que los TLC suscritos con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá permiten el monopolio de licores en Colombia, estos países ejercen presión –vía la OMC y la Ocde– para su desmantelamiento. Resulta incomprensible que mientras Estados Unidos y Canadá mantienen su monopolio de licores, le exijan a Colombia la dejación del suyo. En el caso europeo, si bien no hay monopolio, sobresale su doble estándar al demandar el abandono del monopolio colombiano de licores, mientras se evidencia una actitud complaciente con el contrabando, cuya venta ilegal abarca el 24 por ciento del mercado nacional.
De acuerdo con Fenalco, el incremento de los impuestos previsto en el proyecto de ley fomentaría el contrabando y la adulteración de licores, actividades ilícitas que capturarían el 40 por ciento del mercado colombiano, cuya afectación fiscal, medida en menores impuestos, podría ascender a 2.300 millones de pesos anuales.
Se argumenta que la Ocde también exige el fin del monopolio de licores en Colombia. La verdad es que para este organismo internacional, “la existencia de los monopolios, por sí mismos, no violan los principios de no discriminación y sí pueden servir para importantes objetivos públicos”, dado que por lo menos el 51 por ciento de los ingresos obtenidos en el ejercicio del monopolio de licores en Colombia se dirige hacia la financiación de los programas de salud y educación. No obstante, la Ocde recomienda revisar el sistema de tributos aplicados de manera discriminatoria en nuestro país.
La esencia de este galimatías es el incumplimiento del compromiso gubernamental incluido en los TLC, relativo a la armonización del tratamiento tributario de las bebidas alcohólicas nacionales e importadas, cuestión que debería resolver el Poder Legislativo, sin perjudicar el ejercicio constitucional del monopolio de licores.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
andresespinosa@inver10.co
